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1. Kristen McNeill

    in Monday August 15th, 2011  

   Proposal

   Luz Estella Romero Villalba, del Colectivo Mujeres al Derecho en Colombia, nos mandó estos comentarios:

   SITUACIÓN DE LAS MUJERES FRENTE AL DERECHO A LA TIERRA Y LA VIVIENDA

   Colectivo Mujeres al Derecho

   A lo largo del trabajo que el Colectivo Mujeres al Derecho viene adelantando, nos encontramos muchas dificultades en la cuestión de…

   Luz Estella Romero Villalba, del Colectivo Mujeres al Derecho en Colombia, nos mandó estos comentarios:

   SITUACIÓN DE LAS MUJERES FRENTE AL DERECHO A LA TIERRA Y LA VIVIENDA

   Colectivo Mujeres al Derecho

   A lo largo del trabajo que el Colectivo Mujeres al Derecho viene adelantando, nos encontramos muchas dificultades en la cuestión de vivienda y tierra. A continuación, intentamos reseñar de forma concisa, los obstáculos que enfrentan las mujeres para la realización de sus derechos a una vivienda y hábitat adecuados y ponemos en relieve el tema de tierra que de alguna u otra manera se convierte en el foco del conflicto. Seguidamente exponemos los casos que consideramos deben ser conocidos por su crítica situación. Por último, agregamos una imágenes que resaltan a simple vista el incumplimiento de la políticas de vivienda y la violación de derechos fundamentales de las mujeres con que trabajamos por parte del Estado colombiano.

   Obstáculos:
   • La vivienda en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991 pasó de ser un derecho humano a un servicio. Las personas acceden a través del mercado de la construcción y el sector financiero. Es decir que es necesario el poder adquisitivo de las personas para acceder a ésta.
   • Por otro lado los subsidios o planes de vivienda otorgados por el Estado, nunca cubren la totalidad del costo de una vivienda, en el mejor de los casos cubren el 50%, y para acceder a la totalidad del costo de la vivienda las personas que se benefician con subsidios estatales de vivienda tienen que tener capacidad de pago para poder acceder a créditos de viviendas que otorgan los bancos y centrales financieras a unas tasas que superan el costo de vida promedio de un habitante en el país.
   • Los requisitos de postulación solicitados a las mujeres de bajos recursos económicos que quieren acceder a los auxilios estatales para la adquisición de vivienda, tienen un contenido “familista” es decir se requiere a las mujeres su relación como jefas de hogar de una familia, con hijos e hijas y el número de hijos les da mayor o menor puntajes.
   • De igual forma, los altos costos de créditos para vivienda y tierra se convierten en un obstáculo.
   • Para el acceso a créditos de tierras y vivienda se imponen a las mujeres unos requisitos y tramites con los que ellas no cuentan, además que no toman en cuenta la precaria situación económica de las mismas.
   • En el caso de aquellas mujeres que logran acceder a créditos de vivienda, el obstáculo para sostener la vivienda son la capacidad del crédito de vivienda en muchos casos vemos que al no tener la capacidad de pago de las cuotas de los créditos los bancos embargan las propiedades e iniciando procesos judiciales para reclamar el crédito, por lo que las mujeres pierden la vivienda y el pago realizado del crédito.
   • El Estado no fija las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Hay poblaciones a las que no llegan los planes de vivienda de interés social y a las que llegan, los sistemas de financiación los endeudan.
   • Las mujeres rurales con que trabaja el Colemad, no posee una vivienda digna y entre las principales causas se encuentra: el hacinamiento, la inseguridad, la nula privacidad, los precarios servicios públicos (en algunos casos inexistentes), escases de dinero para terminar de construir, techos de plástico, materiales de madera y precarias vías de acceso a la vivienda. Esta situación complementa el panorama desolador que envuelve al campesinado atlanticense.

   DESCRIPCIÓN CASOS DE VIVIENDA, TIERRA Y SEGURIDAD JURÍDICA.

   En los Municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo existen 3 asentamientos. Los asentamientos en jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo son La Hacienda conocida como “LA CASONA” y el caserío denominado “LA CARIBE”, en jurisdicción del Municipio de Ciénaga se encuentra el asentamiento conocido como “LAS BODEGAS”. Las familias asentadas en esta zona son en su mayoría familias desplazadas del corregimiento de Trojas de Cataca (pueblo palafítico) jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, son aproximadamente 290 familias que llevan 11 años en “vivienda temporales”, las cuales no cumplen ningún estándar para ser consideradas viviendas adecuadas, y por consiguiente dignas.

   Caso No. 1. Hacienda “LA CASONA”. Esta es una propiedad ubicada en el corregimiento de Isla de Rosario Barrios, jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo. Se trata de una extensión de tierra que limita en su parte posterior con la Ciénaga Grande del Magdalena, este lugar se rumora en la zona que perteneció a un narcotraficante ya fallecido. La administración de este bien está en manos de una pareja la cual ha vivido allí desde hace más de 11 años y en la actualidad no se conoce ningún proceso de reclamación de la propiedad del bien inmueble.

   El proceso de asentamiento de “La Casona” se inició con la reubicación de 7 familias por parte de la administración municipal, la cual llegó a unos acuerdos con las personas administradoras, ante las continuas presiones y la situación de emergencia que estas familias padecían debido a la situación del desplazamiento, este acuerdo solo tuvo vigencia por unos meses, lo que acarreo que estas familias siguieran asumiendo los compromisos adquiridos por la alcaldía a título personal, presionadas por la inminencia de volver a quedar en la calle si no la hacían.

   Las condiciones de los lugares de habitación de estas familias son lamentables. En alguno de los casos se tratan de pequeñas habitaciones para un promedio de integrantes por familias de 6 a 8 personas entre hombres, mujeres, niñas y niños y adultos mayores; construidas de materiales (Block, cemento y eternit) pero que por el paso de los años y por la falta de mantenimiento se encuentran deterioradas, las paredes tienen ranuras lo cual indica que en cualquier momento se pueden desplomar, el eternit está agujerado creándose goteras en épocas de lluvias, que en muchas ocasiones no les permite dormir. No cuentan con servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, entre otros, generándose riesgos adicionales a la salud y la integridad física por las conexiones fraudulentas de Luz, el uso de pozas sépticas no adecuadas y el consumo de agua no tratada.

   En otros casos el panorama es más desalentador. Las familias se encuentran viviendo en “CAMBUCHES” construidos por ellas mismas a partir de materiales, como zinc, plástico, bolsas negras y cartón, conseguidos a través de la caridad de otras personas y/o con los irrisorios ingresos que logran obtener con la pesca artesanal, que es la actividad económica tradicional en este municipio. Esta situación les ha forzado a sacrificar la insuficiente alimentación a la que tienen acceso para poder estar resguardados/as un poco de la lluvia y el inclemente sol.

   La diferencia entre vivir en una pequeña piecita de “materiales” y un “CAMBUCHE” la hace la cantidad de dinero que cada familia pueda mensualmente pagar a titulo de canon de arrendamiento. Esto se debe a que si las familias cuentan con suficientes ingresos pueden pagar el canon mensual de la “pieza”, de lo contrario pagarían por el alquiler de la tierra donde tienen sus “CAMBUCHES” que resulta más barato. Estos precios oscilan entre treinta mil ($ 30.000) y cuarenta mil pesos ($40.000). En algunos casos las familias han “comprado” por valor de ciento doce mil pesos ($ 112.000) un pedacito de tierra en este lugar.

   Se hace necesario aclarar en esta parte que ninguna de las actuaciones jurídicas descritas con anterioridad cuenta con título alguno que las acredite. Desde el mismo proceso de reubicación realizado por la administración municipal hasta la compra de los pedacitos de la hacienda por parte de las familias desplazadas, pasando por los contratos de arrendamiento que a título personal ha suscrito cada una de estas familias. La seguridad jurídica en la tenencia de estas familias con respecto a sus lugares de habitación es inexistente por cuanto no cuentan con título alguno que acredite tal situación.

   Caso 2. Caserío “LA CARIBE”. Este proyecto se trató de una iniciativa de la organización minuto de Dios en conjunto con la Alcaldía Municipal y la Red de Solidaridad Social (ahora Acción Social), el objetivo de este fue brindar alojamiento temporal a 17 familias en situación de deslazamiento, con el paso de los años los que en ese entonces eran los integrantes más pequeños de estas familias ya han crecido y hoy día tienen hogares propios, lo que ha generado el incremento de los integrantes de las familias, aproximadamente estamos hablando de 8 a 11 personas por “casa” donde solo es un cuarto donde todos tienen que realizar sus actividades.

   Este caserío se encuentra ubicado en el Corregimiento Isla del Rosario Barrios, jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo, a orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Lo cual es una zona inundable debido al desborde de la ciénaga en épocas de invierno y el encharcamiento de las aguas lluvias por ser un suelo imperfectamente drenado, ocasionándose que la población allí asentada contraiga enfermedades respiratorias, infecciones de la piel, dengue, entre otras.

   Las familias que habitan este caserío no cuentan con título alguno que les acredite en calidad de que están esas “viviendas”, al momento en que se hizo entrega del proyecto no todas las familias “beneficiadas” de este aceptaron recibir las casas, debido a que el terreno se encontraba inundado por las lluvias y se hacía imposible estar allí. Ante esta situación hubieron familias que desesperadas decidieron entrar en estas “viviendas” no importando la situación, a las familias que resultaron beneficiadas y que renunciaron a esto por las condiciones del proyecto, no les ha sido entregado posterior subsidios de arriendo por registrar en la base de datos como beneficiada de una vivienda temporal.

   Las 17 “viviendas” creadas para dar alojamiento temporal a este mismo número de familia fueron construidas con elementos como tablas y zinc, elementos no aptos para este tipo de construcción y que terminaron deteriorándose con el paso del tiempo y en estos momentos se encuentran en pésimo estado, encrudeciendo la anegación de agua dentro de las “casas” por los efectos de las goteras. No cuentan con servicios públicos, las conexiones de Luz que tienen fueron instaladas por cada una de las familias que allí viven, tratándose de conexiones fraudulentas que generan un mayor riesgo para la integridad física de las personas que allí habitan.

   Caso 3. Bodegas COORMIFUT. En este lugar viven aproximadamente 256 familias desplazadas, del corregimiento de Trojas de Cataca. Estas familias fueron reubicadas en este lugar por la administración municipal, en calidad de albergue temporal. Al momento de establecerse el albergue las bodegas estaban abandonadas y lo último que funcionó en ese lugar fue un proyecto de reciclaje que desarrollaba la Cooperativa De Trabajo Asociado De Recolectores De Residuos De La Ciénaga Grande Misión Futuro – COORMIFUT.

   La propiedad del predio conocido como la Bodega por datos de Agustín Codazi – Magdalena se estableció como de la ESSO MOBIL De Colombia. En el caso de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos no existe registro de este predio. Las familias que inicialmente fueron ubicadas en este predio permanecen ahí y la falta de registro de propiedad del inmueble ha sido un inconveniente para iniciar la reclamación del predio y que este le sea adjudicado a estas familias. Mientras estas familias permanecen en un limbo jurídico y expuestas a que en cualquier momento puedan ser forzadas nuevamente a abandonar su lugar de habitación.

   Este asentamiento no cuenta con ningún tipo de servicio público. Lo que ocasiona que existan conexiones fraudulentas, principalmente en al caso del servicio de luz, generándose riesgos adicionales para estas familias. En el caso del agua esta no es potable generándose problemas gastrointestinales, principalmente en la población infantil.

   La infraestructura con la que cuentan los lugares donde habitan es precaria, los materiales son cartones, zinc, tablas y en pocos casos bloques, cemento y eternit. Los lugares que lograron levantar son solo de un cuarto y en el mejor de los casos de dos, el promedio de integrante por familia es de 8 hasta 10 personas.

   De igual forma el hacinamiento en estos caseríos (La Casona y La Caribe específicamente) crean condiciones para la violencia sexual.

   Caso 4. Barrio Henequén. Henequén es para sus habitantes un barrio ubicado en la zona urbana del distrito de Cartagena, al suroccidente. El problema principal es que, existe una población humana compuesta principalmente por mujeres, niñas, niños, personas en situación de desplazamiento forzado y hombres con una extremada situación de miseria, que viven en el barrio Henequén, el cual fue utilizado como botadero de basuras ilegal por más de 30 años y posteriormente como relleno sanitario legalmente constituido, esta situación ha ocasionado un daño ambiental y en las vidas de las familias que ahí habitan y en las comunidades aledañas, pero lo más grave es que paralelo a esta situación de deterioro ambiental y de la vida digna para los habitantes, también las basuras se convirtieron en la fuente de trabajo e ingresos de dichas familias. Mediante dos acciones de tutelas y una acción popular la justicia de Cartagena ha ordenado el cierre y clausura del barrio Henequén y la consecuente reubicación de las familias, pero en dichas acciones se desconoce el problema socioeconómico que va arrojar tanto la clausura como la reubicación para las familias que hoy viven de las basuras.

   La situación y hechos persistentes en Henequén, constituyen por lo tanto una violación a los derechos humanos de las familias del barrio y más exactamente los derechos a una vida digna, al desarrollo, a un ambiente sano, vivienda, ingresos y medios de subsistencias, que se enmarcan dentro de los DESC y los derechos Colectivos.

   La legislación internacional ha desarrollado un conjunto de condiciones mínimas requeridas para que se pueda considerar una vivienda como digna. Estas condiciones son: a) seguridad jurídica en la tenencia; b) disponibilidad y proximidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructuras; c) sostenibilidad de los gastos; d) habitabilidad; e) accequibilidad; f) ubicación y g) adecuación cultural.

   En el Auto 008 de enero de 2009 la Corte sostiene que la vivienda constituye, de una parte, uno de los componentes de atención a la población desplazada para el que encontrar soluciones duraderas resulta muy costoso y demorado, y en el que los resultados de la política pública han sido insatisfactorios.

   En Colombia, y en particular en la región Caribe, los conflictos por la tierra son conflictos de poder. La distribución desigual de la tierra y la concentración de grandes extensiones de tierras en manos de pocos latifundistas y empresas multinacionales y transnacionales, evidencia la situación. Se manifiesta también en la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres en cuanto a sus derechos de acceso a la tierra y, de participación en el sector agrario. Esta desigualdad significa una violación de un principio central de los Derechos Humanos: el principio de la no-discriminación.

   Existe una abundante bibliografía sobre el análisis de la tierra como herramienta de poder, el predominio desde épocas de la colonia de grandes haciendas y extensiones de tierras en manos de unos pocos (que conlleva evidentemente a una inequidad social y desigualdad económica), la ocupación de importantes territorios agrícolas (utilizados más que con fines productivos con fines de control) y hechos que constituyen en parte la génesis del conflicto armado que ha soportado Colombia por más de 5 décadas; se evidencia dentro de ellos la falta de análisis territorial que ahonde sobre las diferencias de los mismos en cada región del país; y no es menos cierto que existe poca bibliografía y datos que desde un análisis de género puedan también visibilizar dentro de los anteriores procesos sociopolíticos, las causas y consecuencias de la discriminación y violencia en razón del genero.

   El Estado ha incumplido y por lo tanto desacatado las normas internacionales y la constitución política en lo referente a la protección de la mujer rural, en especial el artículo 14 de la CEDAW. En Colombia el modelo de mercados de tierras que planteaban como progresistas en su enfoque conceptual y normativo no toma en cuenta la situación particular de las mujeres rurales, en su implementación las políticas de reforma agraria en Colombia desconocen todos estos postulados; de ahí su ineficacia.

   El acceso a tierras para la generación de ingresos de los hogares en situación de desplazamiento tiene respaldo normativo en las normas que reglamentan la Ley 160, otro de los marcos normativos es el decreto 217 y el actual Sistema Integral de Tierras- SIT; desarrollado en el marco de la Ley 387 de 1994 cuyo mecanismo el operador de la política vigente de atención a población desplazada, lo complementa el documento CONPES 3400 de 2005; en el cual, se estableció la necesidad de dirigir el 50% de los predios en extinción de dominio a la PD.

   Pese a todo este abundante marco legal, en la práctica dichos instrumentos terminan siendo un obstáculos para el acceso a la estabilización socioeconómica y reparación de la PD; los requisitos y tramites impuestos a las personas desplazadas para su acceso, no toman en cuenta la precaria situación socioeconómica de la PD.

   En cuanto a la protección de predios abandonados para evitar el despojo: el decreto 2007 de 2001, reglamenta las medidas que se deben tomar para evitar el despojo o la apropiación de las tierras abandonadas. Tampoco ha sido un mecanismo útil y, hasta el día de hoy, pocos son los predios protegidos a través del mismo. Por otro lado, persisten otras prácticas delictivas para el apoderamiento de las tierras y éstas son respaldadas, en algunos casos, por agentes y funcionarios públicos de las entidades responsables del reconocimiento y registro de la propiedad. Aparte de eso, también el congreso expidió la ley de saneamiento de tierras adquiridas ilícitamente.

   La jurisprudencia de la Corte Constitucional y en su proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, se desprendió el Auto 008 del 2009; desde el cual reitera que las medidas tomadas en materia de tierra son insuficientes tanto en la protección como en la restitución de tierras e identifica unos obstáculos para el desarrollo efectivo de una política en la materia.

   Tanto la Comisión de Seguimiento, el ACNUR, el Ministerio Público y otras organizaciones no gubernamentales han presentado a la Corte, informes que recogen el análisis del impacto que ha tenido el desplazamiento sobre la pérdida de los bienes de la PD; igualmente, cómo las medidas del gobierno han desconocido sus derechos a la estabilización socioeconómica, la protección contra el despojo y la reparación. También dentro de ello han presentado algunas medidas necesarias para superar el estado actual de la política y garantizar los derechos de la población desplazada en materia de tierras.

   Entre las recomendaciones realizadas podemos destacar como principal, la necesidad de realizar reformas de la normativa existente para garantizar una reparación integral y velar por la garantía de no repetición e impedir nuevos desplazamientos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, se pretende desarrollar dicha política dentro de un contexto estructural que impide su desarrollo; ya que prevalece el conflicto armado, los factores de inseguridad, riesgo para la PD y el excesivo grado de concentración de la propiedad rural en el país. Los detentadores en estos momentos son también paramilitares y narcotraficantes, así como otros agentes sociales de poder que en las regiones controlan las entidades públicas que tienen la obligación de proteger los bienes y a la población desplazada.
   Es importante reconocer que ni la normatividad, ni la política y algunas de las propuestas alternativas siguen sin dar respuestas a las situaciones, necesidades y derechos de las mujeres frente a la tierra; pero también resaltamos que la Corte Constitucional en el Auto 092 del 2008, de seguimiento a las órdenes impartidas en la sentencia T-025, se profirieron ordenes frente al situación de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento. En este auto la Corte adoptó medidas comprensivas de protección en dos campos:

   (a) El de la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, en el cual identificó diez riesgos de género; uno de los cuales (el octavo) es “el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles”.

   (b) El de la atención a las mujeres que son víctimas del desplazamiento forzado, en el cual se identificaron dieciocho facetas de género que incluyen tanto patrones de violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana; como problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan .

   Entre las facetas estructurales se encuentran “los obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación.

   En síntesis la Corte, ordenó al Gobierno aplicar dentro de 13 programas para mujeres desplazadas y uno de ellos es el de adoptar medidas conducentes a la protección contra el despojo y la restitución de los tierra en cabeza de mujeres.

   Desde el Colectivo, hemos implementado una estrategia de litigio colectivo, en los casos de violación del derecho a la tierra, el despojo y el desplazamiento forzado de mujeres rurales en los departamentos del Atlántico y Magdalena. Utilizamos los estándares internacionales, jurisprudenciales y constitucionales a favor de las mujeres; éste trabajo ha sido un proceso colectivo y conjunto entre las mujeres victimas organizadas y nosotras como organización de juristas.

   Entre ellas, hemos elaborado, pliegos de peticiones, tutelas, una investigación documental de los archivos de las instituciones del Estado responsables de la Reforma Agraria para establecer la evidencia y defensa de los derechos de las mujeres: INCORA en liquidación, INCODER, Caja Agraria en liquidación, Juzgado segundo civil del circuito, Archivo Histórico del Atlántico, Archivos de Villa Heraldo(periódico local); también llevamos a cabo paralelo al proceso de litigio actividades de formación y documentación permanente que sirve como un dialogo de saberes, retroalimentación del proceso y seguimiento de las acciones, comunitarias, políticas y legales.

   Un ejemplo de desalojo es lo ocurrido en la finca El Tamarindo, ubicada en el corregimiento de Juan Mina departamento del Atlántico de la región norte de Colombia, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe tienen posesión pacífica del mencionado predio desde hace más de 10 años.

   Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente a El Tamarindo y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla, se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos precios. Estas personas han promovido varios procesos de desalojos, que se han caracterizado por extralimitaciones de la Fuerza Pública desconociendo las normas que exigen que dichas diligencias deban llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas.

   En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a quienes allí habitan. La maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas matando a los animales y dejando personas heridas.

   Oficialmente, Colombia a través del órgano encargado de las estadísticas, llamado Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, cuenta con información poblacional, segregada por sexo en lo que se refiere al número de personas, pero las estadísticas desegregadas por género en temas de vivienda y tierra, siguen mostrando la propiedad como titulares a los hombres, por lo cual las mujeres siguen siendo “las invisibles”, muestra de ello son los pocas datos desagregadas por sexo que se encuentran para dar a conocer su situación.

   Encuesta Relatora del derecho a la vivienda.docx

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   Luz Estella Romero Villalba, del Colectivo Mujeres al Derecho en Colombia, nos mandó estos comentarios: SITUACIÓN DE LAS MUJERES FRENTE AL DERECHO A LA TIERRA Y LA VIVIENDA Colectivo Mujeres al Derecho A lo largo del trabajo que el Colectivo Mujeres al Derecho viene adelantando, nos encontramos muchas dificultades en la cuestión de vivienda y tierra. A continuación, intentamos reseñar de forma concisa, los obstáculos que enfrentan las mujeres para la realización de sus derechos a una vivienda y hábitat adecuados y ponemos en relieve el tema de tierra que de alguna u otra manera se convierte en el foco del conflicto. Seguidamente exponemos los casos que consideramos deben ser conocidos por su crítica situación. Por último, agregamos una imágenes que resaltan a simple vista el incumplimiento de la políticas de vivienda y la violación de derechos fundamentales de las mujeres con que trabajamos por parte del Estado colombiano. Obstáculos: • La vivienda en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991 pasó de ser un derecho humano a un servicio. Las personas acceden a través del mercado de la construcción y el sector financiero. Es decir que es necesario el poder adquisitivo de las personas para acceder a ésta. • Por otro lado los subsidios o planes de vivienda otorgados por el Estado, nunca cubren la totalidad del costo de una vivienda, en el mejor de los casos cubren el 50%, y para acceder a la totalidad del costo de la vivienda las personas que se benefician con subsidios estatales de vivienda tienen que tener capacidad de pago para poder acceder a créditos de viviendas que otorgan los bancos y centrales financieras a unas tasas que superan el costo de vida promedio de un habitante en el país. • Los requisitos de postulación solicitados a las mujeres de bajos recursos económicos que quieren acceder a los auxilios estatales para la adquisición de vivienda, tienen un contenido “familista” es decir se requiere a las mujeres su relación como jefas de hogar de una familia, con hijos e hijas y el número de hijos les da mayor o menor puntajes. • De igual forma, los altos costos de créditos para vivienda y tierra se convierten en un obstáculo. • Para el acceso a créditos de tierras y vivienda se imponen a las mujeres unos requisitos y tramites con los que ellas no cuentan, además que no toman en cuenta la precaria situación económica de las mismas. • En el caso de aquellas mujeres que logran acceder a créditos de vivienda, el obstáculo para sostener la vivienda son la capacidad del crédito de vivienda en muchos casos vemos que al no tener la capacidad de pago de las cuotas de los créditos los bancos embargan las propiedades e iniciando procesos judiciales para reclamar el crédito, por lo que las mujeres pierden la vivienda y el pago realizado del crédito. • El Estado no fija las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Hay poblaciones a las que no llegan los planes de vivienda de interés social y a las que llegan, los sistemas de financiación los endeudan. • Las mujeres rurales con que trabaja el Colemad, no posee una vivienda digna y entre las principales causas se encuentra: el hacinamiento, la inseguridad, la nula privacidad, los precarios servicios públicos (en algunos casos inexistentes), escases de dinero para terminar de construir, techos de plástico, materiales de madera y precarias vías de acceso a la vivienda. Esta situación complementa el panorama desolador que envuelve al campesinado atlanticense. DESCRIPCIÓN CASOS DE VIVIENDA, TIERRA Y SEGURIDAD JURÍDICA. En los Municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo existen 3 asentamientos. Los asentamientos en jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo son La Hacienda conocida como “LA CASONA” y el caserío denominado “LA CARIBE”, en jurisdicción del Municipio de Ciénaga se encuentra el asentamiento conocido como “LAS BODEGAS”. Las familias asentadas en esta zona son en su mayoría familias desplazadas del corregimiento de Trojas de Cataca (pueblo palafítico) jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, son aproximadamente 290 familias que llevan 11 años en “vivienda temporales”, las cuales no cumplen ningún estándar para ser consideradas viviendas adecuadas, y por consiguiente dignas. Caso No. 1. Hacienda “LA CASONA”. Esta es una propiedad ubicada en el corregimiento de Isla de Rosario Barrios, jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo. Se trata de una extensión de tierra que limita en su parte posterior con la Ciénaga Grande del Magdalena, este lugar se rumora en la zona que perteneció a un narcotraficante ya fallecido. La administración de este bien está en manos de una pareja la cual ha vivido allí desde hace más de 11 años y en la actualidad no se conoce ningún proceso de reclamación de la propiedad del bien inmueble. El proceso de asentamiento de “La Casona” se inició con la reubicación de 7 familias por parte de la administración municipal, la cual llegó a unos acuerdos con las personas administradoras, ante las continuas presiones y la situación de emergencia que estas familias padecían debido a la situación del desplazamiento, este acuerdo solo tuvo vigencia por unos meses, lo que acarreo que estas familias siguieran asumiendo los compromisos adquiridos por la alcaldía a título personal, presionadas por la inminencia de volver a quedar en la calle si no la hacían. Las condiciones de los lugares de habitación de estas familias son lamentables. En alguno de los casos se tratan de pequeñas habitaciones para un promedio de integrantes por familias de 6 a 8 personas entre hombres, mujeres, niñas y niños y adultos mayores; construidas de materiales (Block, cemento y eternit) pero que por el paso de los años y por la falta de mantenimiento se encuentran deterioradas, las paredes tienen ranuras lo cual indica que en cualquier momento se pueden desplomar, el eternit está agujerado creándose goteras en épocas de lluvias, que en muchas ocasiones no les permite dormir. No cuentan con servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, entre otros, generándose riesgos adicionales a la salud y la integridad física por las conexiones fraudulentas de Luz, el uso de pozas sépticas no adecuadas y el consumo de agua no tratada. En otros casos el panorama es más desalentador. Las familias se encuentran viviendo en “CAMBUCHES” construidos por ellas mismas a partir de materiales, como zinc, plástico, bolsas negras y cartón, conseguidos a través de la caridad de otras personas y/o con los irrisorios ingresos que logran obtener con la pesca artesanal, que es la actividad económica tradicional en este municipio. Esta situación les ha forzado a sacrificar la insuficiente alimentación a la que tienen acceso para poder estar resguardados/as un poco de la lluvia y el inclemente sol. La diferencia entre vivir en una pequeña piecita de “materiales” y un “CAMBUCHE” la hace la cantidad de dinero que cada familia pueda mensualmente pagar a titulo de canon de arrendamiento. Esto se debe a que si las familias cuentan con suficientes ingresos pueden pagar el canon mensual de la “pieza”, de lo contrario pagarían por el alquiler de la tierra donde tienen sus “CAMBUCHES” que resulta más barato. Estos precios oscilan entre treinta mil ($ 30.000) y cuarenta mil pesos ($40.000). En algunos casos las familias han “comprado” por valor de ciento doce mil pesos ($ 112.000) un pedacito de tierra en este lugar. Se hace necesario aclarar en esta parte que ninguna de las actuaciones jurídicas descritas con anterioridad cuenta con título alguno que las acredite. Desde el mismo proceso de reubicación realizado por la administración municipal hasta la compra de los pedacitos de la hacienda por parte de las familias desplazadas, pasando por los contratos de arrendamiento que a título personal ha suscrito cada una de estas familias. La seguridad jurídica en la tenencia de estas familias con respecto a sus lugares de habitación es inexistente por cuanto no cuentan con título alguno que acredite tal situación. Caso 2. Caserío “LA CARIBE”. Este proyecto se trató de una iniciativa de la organización minuto de Dios en conjunto con la Alcaldía Municipal y la Red de Solidaridad Social (ahora Acción Social), el objetivo de este fue brindar alojamiento temporal a 17 familias en situación de deslazamiento, con el paso de los años los que en ese entonces eran los integrantes más pequeños de estas familias ya han crecido y hoy día tienen hogares propios, lo que ha generado el incremento de los integrantes de las familias, aproximadamente estamos hablando de 8 a 11 personas por “casa” donde solo es un cuarto donde todos tienen que realizar sus actividades. Este caserío se encuentra ubicado en el Corregimiento Isla del Rosario Barrios, jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo, a orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Lo cual es una zona inundable debido al desborde de la ciénaga en épocas de invierno y el encharcamiento de las aguas lluvias por ser un suelo imperfectamente drenado, ocasionándose que la población allí asentada contraiga enfermedades respiratorias, infecciones de la piel, dengue, entre otras. Las familias que habitan este caserío no cuentan con título alguno que les acredite en calidad de que están esas “viviendas”, al momento en que se hizo entrega del proyecto no todas las familias “beneficiadas” de este aceptaron recibir las casas, debido a que el terreno se encontraba inundado por las lluvias y se hacía imposible estar allí. Ante esta situación hubieron familias que desesperadas decidieron entrar en estas “viviendas” no importando la situación, a las familias que resultaron beneficiadas y que renunciaron a esto por las condiciones del proyecto, no les ha sido entregado posterior subsidios de arriendo por registrar en la base de datos como beneficiada de una vivienda temporal. Las 17 “viviendas” creadas para dar alojamiento temporal a este mismo número de familia fueron construidas con elementos como tablas y zinc, elementos no aptos para este tipo de construcción y que terminaron deteriorándose con el paso del tiempo y en estos momentos se encuentran en pésimo estado, encrudeciendo la anegación de agua dentro de las “casas” por los efectos de las goteras. No cuentan con servicios públicos, las conexiones de Luz que tienen fueron instaladas por cada una de las familias que allí viven, tratándose de conexiones fraudulentas que generan un mayor riesgo para la integridad física de las personas que allí habitan. Caso 3. Bodegas COORMIFUT. En este lugar viven aproximadamente 256 familias desplazadas, del corregimiento de Trojas de Cataca. Estas familias fueron reubicadas en este lugar por la administración municipal, en calidad de albergue temporal. Al momento de establecerse el albergue las bodegas estaban abandonadas y lo último que funcionó en ese lugar fue un proyecto de reciclaje que desarrollaba la Cooperativa De Trabajo Asociado De Recolectores De Residuos De La Ciénaga Grande Misión Futuro – COORMIFUT. La propiedad del predio conocido como la Bodega por datos de Agustín Codazi – Magdalena se estableció como de la ESSO MOBIL De Colombia. En el caso de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos no existe registro de este predio. Las familias que inicialmente fueron ubicadas en este predio permanecen ahí y la falta de registro de propiedad del inmueble ha sido un inconveniente para iniciar la reclamación del predio y que este le sea adjudicado a estas familias. Mientras estas familias permanecen en un limbo jurídico y expuestas a que en cualquier momento puedan ser forzadas nuevamente a abandonar su lugar de habitación. Este asentamiento no cuenta con ningún tipo de servicio público. Lo que ocasiona que existan conexiones fraudulentas, principalmente en al caso del servicio de luz, generándose riesgos adicionales para estas familias. En el caso del agua esta no es potable generándose problemas gastrointestinales, principalmente en la población infantil. La infraestructura con la que cuentan los lugares donde habitan es precaria, los materiales son cartones, zinc, tablas y en pocos casos bloques, cemento y eternit. Los lugares que lograron levantar son solo de un cuarto y en el mejor de los casos de dos, el promedio de integrante por familia es de 8 hasta 10 personas. De igual forma el hacinamiento en estos caseríos (La Casona y La Caribe específicamente) crean condiciones para la violencia sexual. Caso 4. Barrio Henequén. Henequén es para sus habitantes un barrio ubicado en la zona urbana del distrito de Cartagena, al suroccidente. El problema principal es que, existe una población humana compuesta principalmente por mujeres, niñas, niños, personas en situación de desplazamiento forzado y hombres con una extremada situación de miseria, que viven en el barrio Henequén, el cual fue utilizado como botadero de basuras ilegal por más de 30 años y posteriormente como relleno sanitario legalmente constituido, esta situación ha ocasionado un daño ambiental y en las vidas de las familias que ahí habitan y en las comunidades aledañas, pero lo más grave es que paralelo a esta situación de deterioro ambiental y de la vida digna para los habitantes, también las basuras se convirtieron en la fuente de trabajo e ingresos de dichas familias. Mediante dos acciones de tutelas y una acción popular la justicia de Cartagena ha ordenado el cierre y clausura del barrio Henequén y la consecuente reubicación de las familias, pero en dichas acciones se desconoce el problema socioeconómico que va arrojar tanto la clausura como la reubicación para las familias que hoy viven de las basuras. La situación y hechos persistentes en Henequén, constituyen por lo tanto una violación a los derechos humanos de las familias del barrio y más exactamente los derechos a una vida digna, al desarrollo, a un ambiente sano, vivienda, ingresos y medios de subsistencias, que se enmarcan dentro de los DESC y los derechos Colectivos. La legislación internacional ha desarrollado un conjunto de condiciones mínimas requeridas para que se pueda considerar una vivienda como digna. Estas condiciones son: a) seguridad jurídica en la tenencia; b) disponibilidad y proximidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructuras; c) sostenibilidad de los gastos; d) habitabilidad; e) accequibilidad; f) ubicación y g) adecuación cultural. En el Auto 008 de enero de 2009 la Corte sostiene que la vivienda constituye, de una parte, uno de los componentes de atención a la población desplazada para el que encontrar soluciones duraderas resulta muy costoso y demorado, y en el que los resultados de la política pública han sido insatisfactorios. En Colombia, y en particular en la región Caribe, los conflictos por la tierra son conflictos de poder. La distribución desigual de la tierra y la concentración de grandes extensiones de tierras en manos de pocos latifundistas y empresas multinacionales y transnacionales, evidencia la situación. Se manifiesta también en la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres en cuanto a sus derechos de acceso a la tierra y, de participación en el sector agrario. Esta desigualdad significa una violación de un principio central de los Derechos Humanos: el principio de la no-discriminación. Existe una abundante bibliografía sobre el análisis de la tierra como herramienta de poder, el predominio desde épocas de la colonia de grandes haciendas y extensiones de tierras en manos de unos pocos (que conlleva evidentemente a una inequidad social y desigualdad económica), la ocupación de importantes territorios agrícolas (utilizados más que con fines productivos con fines de control) y hechos que constituyen en parte la génesis del conflicto armado que ha soportado Colombia por más de 5 décadas; se evidencia dentro de ellos la falta de análisis territorial que ahonde sobre las diferencias de los mismos en cada región del país; y no es menos cierto que existe poca bibliografía y datos que desde un análisis de género puedan también visibilizar dentro de los anteriores procesos sociopolíticos, las causas y consecuencias de la discriminación y violencia en razón del genero. El Estado ha incumplido y por lo tanto desacatado las normas internacionales y la constitución política en lo referente a la protección de la mujer rural, en especial el artículo 14 de la CEDAW. En Colombia el modelo de mercados de tierras que planteaban como progresistas en su enfoque conceptual y normativo no toma en cuenta la situación particular de las mujeres rurales, en su implementación las políticas de reforma agraria en Colombia desconocen todos estos postulados; de ahí su ineficacia. El acceso a tierras para la generación de ingresos de los hogares en situación de desplazamiento tiene respaldo normativo en las normas que reglamentan la Ley 160, otro de los marcos normativos es el decreto 217 y el actual Sistema Integral de Tierras- SIT; desarrollado en el marco de la Ley 387 de 1994 cuyo mecanismo el operador de la política vigente de atención a población desplazada, lo complementa el documento CONPES 3400 de 2005; en el cual, se estableció la necesidad de dirigir el 50% de los predios en extinción de dominio a la PD. Pese a todo este abundante marco legal, en la práctica dichos instrumentos terminan siendo un obstáculos para el acceso a la estabilización socioeconómica y reparación de la PD; los requisitos y tramites impuestos a las personas desplazadas para su acceso, no toman en cuenta la precaria situación socioeconómica de la PD. En cuanto a la protección de predios abandonados para evitar el despojo: el decreto 2007 de 2001, reglamenta las medidas que se deben tomar para evitar el despojo o la apropiación de las tierras abandonadas. Tampoco ha sido un mecanismo útil y, hasta el día de hoy, pocos son los predios protegidos a través del mismo. Por otro lado, persisten otras prácticas delictivas para el apoderamiento de las tierras y éstas son respaldadas, en algunos casos, por agentes y funcionarios públicos de las entidades responsables del reconocimiento y registro de la propiedad. Aparte de eso, también el congreso expidió la ley de saneamiento de tierras adquiridas ilícitamente. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y en su proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, se desprendió el Auto 008 del 2009; desde el cual reitera que las medidas tomadas en materia de tierra son insuficientes tanto en la protección como en la restitución de tierras e identifica unos obstáculos para el desarrollo efectivo de una política en la materia. Tanto la Comisión de Seguimiento, el ACNUR, el Ministerio Público y otras organizaciones no gubernamentales han presentado a la Corte, informes que recogen el análisis del impacto que ha tenido el desplazamiento sobre la pérdida de los bienes de la PD; igualmente, cómo las medidas del gobierno han desconocido sus derechos a la estabilización socioeconómica, la protección contra el despojo y la reparación. También dentro de ello han presentado algunas medidas necesarias para superar el estado actual de la política y garantizar los derechos de la población desplazada en materia de tierras. Entre las recomendaciones realizadas podemos destacar como principal, la necesidad de realizar reformas de la normativa existente para garantizar una reparación integral y velar por la garantía de no repetición e impedir nuevos desplazamientos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, se pretende desarrollar dicha política dentro de un contexto estructural que impide su desarrollo; ya que prevalece el conflicto armado, los factores de inseguridad, riesgo para la PD y el excesivo grado de concentración de la propiedad rural en el país. Los detentadores en estos momentos son también paramilitares y narcotraficantes, así como otros agentes sociales de poder que en las regiones controlan las entidades públicas que tienen la obligación de proteger los bienes y a la población desplazada. Es importante reconocer que ni la normatividad, ni la política y algunas de las propuestas alternativas siguen sin dar respuestas a las situaciones, necesidades y derechos de las mujeres frente a la tierra; pero también resaltamos que la Corte Constitucional en el Auto 092 del 2008, de seguimiento a las órdenes impartidas en la sentencia T-025, se profirieron ordenes frente al situación de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento. En este auto la Corte adoptó medidas comprensivas de protección en dos campos: (a) El de la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, en el cual identificó diez riesgos de género; uno de los cuales (el octavo) es “el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles”. (b) El de la atención a las mujeres que son víctimas del desplazamiento forzado, en el cual se identificaron dieciocho facetas de género que incluyen tanto patrones de violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana; como problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan . Entre las facetas estructurales se encuentran “los obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación. En síntesis la Corte, ordenó al Gobierno aplicar dentro de 13 programas para mujeres desplazadas y uno de ellos es el de adoptar medidas conducentes a la protección contra el despojo y la restitución de los tierra en cabeza de mujeres. Desde el Colectivo, hemos implementado una estrategia de litigio colectivo, en los casos de violación del derecho a la tierra, el despojo y el desplazamiento forzado de mujeres rurales en los departamentos del Atlántico y Magdalena. Utilizamos los estándares internacionales, jurisprudenciales y constitucionales a favor de las mujeres; éste trabajo ha sido un proceso colectivo y conjunto entre las mujeres victimas organizadas y nosotras como organización de juristas. Entre ellas, hemos elaborado, pliegos de peticiones, tutelas, una investigación documental de los archivos de las instituciones del Estado responsables de la Reforma Agraria para establecer la evidencia y defensa de los derechos de las mujeres: INCORA en liquidación, INCODER, Caja Agraria en liquidación, Juzgado segundo civil del circuito, Archivo Histórico del Atlántico, Archivos de Villa Heraldo(periódico local); también llevamos a cabo paralelo al proceso de litigio actividades de formación y documentación permanente que sirve como un dialogo de saberes, retroalimentación del proceso y seguimiento de las acciones, comunitarias, políticas y legales. Un ejemplo de desalojo es lo ocurrido en la finca El Tamarindo, ubicada en el corregimiento de Juan Mina departamento del Atlántico de la región norte de Colombia, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe tienen posesión pacífica del mencionado predio desde hace más de 10 años. Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente a El Tamarindo y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla, se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos precios. Estas personas han promovido varios procesos de desalojos, que se han caracterizado por extralimitaciones de la Fuerza Pública desconociendo las normas que exigen que dichas diligencias deban llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas. En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a quienes allí habitan. La maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas matando a los animales y dejando personas heridas. Oficialmente, Colombia a través del órgano encargado de las estadísticas, llamado Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, cuenta con información poblacional, segregada por sexo en lo que se refiere al número de personas, pero las estadísticas desegregadas por género en temas de vivienda y tierra, siguen mostrando la propiedad como titulares a los hombres, por lo cual las mujeres siguen siendo “las invisibles”, muestra de ello son los pocas datos desagregadas por sexo que se encuentran para dar a conocer su situación. [file]http://righttohousingdebates.org/wp-content/uploads/2011/08/Encuesta Relatora del derecho a la vivienda.docx[/file]