La intervención del gobierno federal brasileño facilitó la suspensión de una orden judicial que establecía el desalojo de una comunidad guaraní-kaiowá de sus tierras en el sureño estado Mato Grosso del Sur. De acuerdo con la decisión de la justicia, unos 170 indígenas deben permanecer en sus territorios hasta que se ejecute la demarcación de sus tierras.
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