Un hogar no es una mercancía, sino un derecho de todo ser humano, un sitio para vivir con seguridad, paz y dignidad. Sin embargo, miles de personas en todo el mundo están amenazadas de desalojo por no poder pagar las cuotas de las financiaciones o hipotecas.
La crisis hipotecaria del 2008 en los Estados Unidos ha quebrantado la creencia de que el mercado sería capaz de suministrar vivienda adecuada para todos. Muchos analistas han apuntado la falta de regulación del sistema financiero como la principal causa de la crisis; sin embargo, ésta refleja sobretodo fallos en las políticas habitacionales, como la apuesta excesiva en la vivienda en propiedad como única solución para garantizar el acceso a la vivienda.
La vivienda propia puede ser la mejor opción para muchos, pero conseguir una vivienda adecuada para todos requiere una variedad de soluciones, tales como incentivos fiscales, microcréditos, autogestión, cooperativas, urbanización de asentamientos, programas de vivienda en alquiler, subsidios directos para los pobres y vivienda adecuada. El mercado, incluso cuando está regulado, no puede proveer por sí solo de vivienda adecuada a todos y todas, por lo que un sector público activo es fundamental.
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