El acceso a una vivienda adecuada en un ambiente libre de discriminación depende de la realización de otros derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la libertad de movimiento, a la protección contra arbitrariedades y a la participación política.
La discriminación puede ocurrir en relación a la etnia o el género, pero también en función de la pobreza y marginalidad económica.
La Relatoría pide que los países anfitriones proporcionen servicios sociales adecuados a los extranjeros, particularmente en las áreas de salud, educación y vivienda, y prohíban el tratamiento discriminatorio. Además, la Relatoría recomienda destinar recursos adicionales para garantizar el derecho a la vivienda de los afro-descendientes.
En algunas situaciones, la discriminación ocurre también en función de la nacionalidad o ciudadanía y puede generar restricciones colectivas en el acceso a la tierra, desalojos, expulsiones y negación de los derechos de refugiados y desplazados internos.
La Relatoría desarrolla proyectos con el objetivo de contribuir y ayudar a los Estados a hacer frente a la discriminación en el ámbito de la vivienda.
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