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12 responses

1. mlgil

    en 13 de agosto de 2011  

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   Por Hilda Herzer, Laura Gil y de Anso y Julia Ramos. Área Urbana del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.

   El derecho a la vivienda en Argentina está reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, tanto en el artículo 14 bis como en diversos tratados de…

   Por Hilda Herzer, Laura Gil y de Anso y Julia Ramos. Área Urbana del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.

   El derecho a la vivienda en Argentina está reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, tanto en el artículo 14 bis como en diversos tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Entre estos pactos podemos mencionar la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce un conjunto de derechos de las mujeres y establece que los Estados parte deben adoptar medidas apropiadas para eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer en el plano de la salud, la educación, el empleo y en otras esferas de la vida económica y social, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre varones y mujeres, por ejemplo, para el acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero.
   Pero aun reconociendo importantes avances en el plano declarativo, se observa en nuestro país una escasa traducción de estos compromisos en instrumentos concretos de acceso a la vivienda y al suelo urbano para mujeres. Asimismo, puede observarse una incorporación insuficiente –o meramente formal– de la perspectiva de género en la batería de políticas públicas, en general, y en particular en aquellas que atienden las diversas problemáticas ligadas al acceso al hábitat de los sectores de menores ingresos.
   Esta brecha entre enunciados y efectivización da cuenta de una ostensible y persistente discriminación basada en el género, que se expresa en el plano de la ciudadanía pero que también se plasma materialmente en el territorio, a partir de las desigualdades entre mujeres y varones en cuanto al acceso a mejores condiciones de vida.

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   Por Hilda Herzer, Laura Gil y de Anso y Julia Ramos. Área Urbana del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. El derecho a la vivienda en Argentina está reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, tanto en el artículo 14 bis como en diversos tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Entre estos pactos podemos mencionar la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce un conjunto de derechos de las mujeres y establece que los Estados parte deben adoptar medidas apropiadas para eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer en el plano de la salud, la educación, el empleo y en otras esferas de la vida económica y social, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre varones y mujeres, por ejemplo, para el acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero. Pero aun reconociendo importantes avances en el plano declarativo, se observa en nuestro país una escasa traducción de estos compromisos en instrumentos concretos de acceso a la vivienda y al suelo urbano para mujeres. Asimismo, puede observarse una incorporación insuficiente –o meramente formal– de la perspectiva de género en la batería de políticas públicas, en general, y en particular en aquellas que atienden las diversas problemáticas ligadas al acceso al hábitat de los sectores de menores ingresos. Esta brecha entre enunciados y efectivización da cuenta de una ostensible y persistente discriminación basada en el género, que se expresa en el plano de la ciudadanía pero que también se plasma materialmente en el territorio, a partir de las desigualdades entre mujeres y varones en cuanto al acceso a mejores condiciones de vida.