El derecho al agua es un requisito previo para el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada. Las personas más afectadas por la falta de acceso al agua potable son los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas con enfermedades.
La privatización de los recursos hídricos tiene un impacto negativo en los sectores más pobres de la sociedad. El énfasis en los lucros en el mercado privado genera aumento de precios que pueden convertir el agua en un produto carísimo y así dejarla fuera del alcance de la población pobre.
En 2008, el Consejo de Derechos Humanos decidió nombrar un experto independiente sobre el tema de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. La primera Relatora nombrado para este mandato fue Catarina de Albuquerque.
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