Uno de los obstáculos para concretar el derecho a una vivienda adecuada es la garantía de su justiciabilidad. Muchos consideran que solo los derechos civiles y políticos generan prerrogativas para los ciudadanos y obligaciones para el Estado por lo que pueden efectivamente ser exigidos judicialmente.
Sin embargo el acceso a una respuesta jurídica en caso de violación es parte constitutiva de la noción del derecho. Las violaciones denunciadas deben ser analizadas por órganos independientes, como pueden ser tribunales competentes para juzgar la denuncia y determinar la reparación adecuada.
Se tiende a considerar la vivienda, la tierra y la propiedad como mercancías, y no como derechos humanos. Pero la idea de que los derechos sociales no pueden ser exigidos judicialmente ignora los avances de la experiencia laboralista desde hace ya más de un siglo y una gran cantidad de jurisprudencia en áreas como la seguridad social, la salud, la vivienda y la educación en todas las regiones del mundo.
El informe sobre justiciabilidad, presentado en el año 2008, reúne varias de esas sentencias y analiza cómo los tribunales de diferentes países, así como el sistema internacional de los derechos humanos, han desarrollado argumentos y estrategias para la protección del derecho a una vivienda adecuada.
Para leer el informe en español, haga clic en el butón verde abajo. Para leerlo en los demás idiomas oficiales de la ONU, haga clic aquí (eligir el idioma en la columna a la derecha).
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