Por los Equipos de Economía Política y de Hábitat Popular del Centro de Estudios para el Cambio Social.
El derecho a la vivienda es uno los derechos consagrados en la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 14bis. A fines de los años cuarenta las luchas del pueblo trabajador consiguieron imponer en la letra de la carta magna «el acceso a una vivienda digna» como un derecho fundamental para «todos los hombres [y las mujeres] del mundo que quieran habitar en el suelo argentino» como reza su preámbulo. Sin embargo, treinta años de neoliberalismo han transformado en letra muerta ese particular derecho, básico para el desarrollo de la vida humana en sociedad. Las recientes tomas de tierras masivas en las inmediaciones de Lugano y Soldati en la ciudad de Buenos Aires no hacen sino dar cuenta de una deuda histórica de la democracia argentina. Deuda que no podrá ser resuelta sin la lucha de los excluidos y la superación del neodesarrollismo posneoliberal.
El problema es la vivienda… Déficit habitacional y políticas públicas.
La crisis habitacional que atraviesa a la sociedad argentina no es novedad para nadie: 2.170.000 hogares viven en asentamientos con viviendas de gran precariedad, con altos niveles de hacinamiento y sin acceso a los servicios básicos de agua potable y cloacas. El déficit habitacional es – según información oficial previa al Censo 2010 – de más de 2 millones de viviendas en diferentes condiciones de precariedad (hacinamiento, baja calidad de materiales y/o construcción, etc.) incluyendo 660 mil viviendas que deberían construirse a nuevo. A pesar de ello y en el marco de una holgada situación fiscal y macroeconómica, las fuerzas políticas en el Estado (en sus distintos niveles) poco han hecho para avanzar en la resolución de esta problemática.
Aun cuando en los últimos 5 años – por ejemplo – en el conurbano bonaerense – se han construido tantas “soluciones habitacionales” (construcciones nuevas, reparaciones, mejoras, etc.) como entre 1976 y 2003, el presupuesto anual (2011) de la Nación prevé tan sólo poco más de 3000 millones de pesos para programas de vivienda (12 veces menos que lo que en su momento se destinó – por ejemplo – al pago adelantado de la deuda con el FMI). Este presupuesto, que se ejecutará fundamentalmente a través de la mediación de los gobiernos provinciales y municipales, permitirá en teoría terminar unas 46 mil viviendas y unas 32 mil soluciones habitacionales, solamente 12% del déficit total. Por otra parte, en muchos de los programas de construcción públicos exigen la conformación forzada de cooperativas de trabajo de parte de los propios beneficiarios, quienes se ven obligados a renunciar a sus actividades laborales habituales (o multiplicarla, extendiendo su jornada de trabajo) y a desarrollar trabajo precarizado para el Estado. Claro está, terminadas las obras, la cooperativa desaparece, en general sin saldos organizativos. Las excepciones suelen ser los casos en los que organizaciones sociales preexistentes pueden arrancar al Estado el control de los procesos de autoconstrucción.
Según la propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, después de 7 años de gobierno kirchnerista el déficit habitacional se ha reducido en nada más que un 8%. A este ritmo, la solución para las familias con necesidades imperiosas de vivienda social llegará en 90 años. En la actualidad, el principal límite objetivo a una política de viviendas populares masiva parece ser la potencial presión sobre la industria (privada y pública) de la construcción por una posible presión sobre la oferta de fuerza de trabajo barata y la abundancia de viviendas que podría hundir el precio de los inmuebles perjudicando la especulación. A esto habría que sumar la falta de terrenos libres para la construcción de nuevas viviendas: los municipios no tienen suelos, las provincias y la nación no los compran y los propietarios privados los retienen u ofertan muy caros (especulando con la valorización futura de los mismos a partir de la ejecución de los programas de viviendas). Con la redistribución de un pequeño porcentaje (menor al 5%) del consumo suntuario de las clases dominantes alcanzaría para multiplicar por 3 el presupuesto actual en vivienda y atacar en pocos años la crisis del hábitat urbano. Recordemos que este pequeño – pero poderoso – sector social (3% de la población del país) apropia para su consumo 8 veces más por persona que el conjunto del pueblo trabajador.
…el problema no es la vivienda. Mercado de trabajo y neodesarrollismo.
Más allá de las fallas estructurales en la orientación de las políticas públicas, el origen de la crisis habitacional es la persistencia – a través del neodesarrollismo – de la precarización de las condiciones laborales.
A 8 años de un nuevo patrón de desarrollo capitalista, la prevalencia del trabajo irregular impide a una porción importante de población acceder a una vivienda propia a través de su empleo, generando a su vez para muchas familias crecientes dificultades de sostener el alquiler de una vivienda digna o la posibilidad de mantener en condiciones de habitabilidad mínima su propia casa. Con un 42% del pueblo trabajador con ingreso por debajo del salario mínimo es inviable sostener el pago de alquileres que superan los 1000 pesos para una pequeña vivienda para una familia de 2 adultos y 2 niños. Mientras que en relación a la canasta familiar los salarios promedio se encuentran hoy un 35% por debajo del promedio de los años noventa, en relación a los alquileres la caída ha sido de 21% en comparación con el promedio de la década menemista. En relación al precio de las viviendas, el deterioro ha sido brutal: la caída es de 39% en relación a los años noventa.
A esto se suma una matriz distributiva en la ciudad que es cada vez más desigual. Entre 2001 y 2006 de cada 10 nuevos habitantes en el conurbano bonaerense, 6 se ubicaron en “asentamientos informales”. Por otro lado, en la región Metropolitana de Buenos Aires mientras en las “urbanizaciones cerradas” (barrios privados,countries) habitan menos del 2% de la población, ellos consume el 10% del suelo urbanizado; por el contrario, el 10% de la población habita en asentamientos informales pero ocupando sólo el 2% del suelo urbano. Esto se vincula al fenomenal crecimiento de la industria de la construcción y el aumento que genera en el precio del suelo.
Ello explica la competencia de los sectores de altos ingresos por el territorio tradicionalmente asignado a los sectores populares (la periferia) y el ascenso de los desalojos de las áreas centrales. La creciente mercatilización de todos los intersticios del espacio urbano genera un efecto que tiende a limitar las posibilidades de acceso a la ciudad de los sectores populares. En este sentido, el actual proceso de crecimiento económico es concurrente con un proceso de crecimiento urbano que es espacialmente regresivo.
Si antes el problema de la vivienda era el problema de la pobreza, hoy el problema es que el acceso al mercado de trabajo no garantiza el acceso a la ciudad. Este es el problema de fondo: un modelo de valorización y acumulación capitalista que requiere de la precarización extendida del trabajo para garantizar la competitividad del capital y – aun expandiéndose fuertemente – niega posibilidades reales de trabajo y vida dignos a una parte sustancial del pueblo trabajador. Los principales perjudicados de este patrón de desarrollo neodesarrollista son aquellos/as que encuentran empleo en tareas de menor calificación y formalidad (trabajadoras de servicio doméstico, trabajadores en la construcción y el pequeño comercio). Estos trabajadores y trabajadoras son quienes sufren los mayores perjuicios de un desarrollo capitalista que los necesita y una clase dominante que los desea (para su consumo de privilegio) pero a su vez los margina, discrimina y super-explota.
Fuente: Prensa de Frente
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