03 de febrero del 2014
El presidente del TSJ asegura que la sensibilidad a esta realidad social está «calando» cada día más en los juzgados y tribunales
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha confirmado que se ha producido una «sensible reducción» de ejecuciones hipotecarias tanto en 2013 como en lo que va de 2014, según las estadísticas que son publicadas de forma trimestral.
En cambio, el sacerdote y miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Joaquín Sánchez, ha afirmado que «sigue habiendo muchos desahucios al cabo del día» e, incluso, que se están produciendo «muchos más» casos.
De hecho, Sánchez ha señalado que la PAH se enfrenta a fenómenos nuevos, como el de autónomos y pequeños empresarios que hipotecaron su vivienda por el negocio y los están perdiendo o casos en los que, «curiosamente, la Seguridad Social embarga los pisos, que quedan en manos del propio Estado».
Martínez Moya y Sánchez han hecho estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta que han ofrecido tras mantener un encuentro en el que el sacerdote ha entregado al presidente del TSJ de Murcia un manifiesto titulado ‘En el nombre de Dios, ¡Basta ya de desahuciar y empobrecer a las familias! La persona es lo primero’.
La intención de Sánchez con la entrega de este escrito ha sido informar al presidente del TSJRM de la realidad de las familias que están en proceso de desahucio y que los jueces «sigan perseverando en apoyar a los desahuciados», para que pongan «todos los medios legales a su alcance».
Los principales problemas con los que se siguen encontrando las personas en riesgo de desahucio son, según Sánchez, las inmobiliarias financieras «que han desaparecido» y que tienen un domicilio fiscal sobre un papel, pero que no se encuentran físicamente en esos emplazamientos.
Asimismo, ha destacado que otro de los principales problemas son los bancos que han vendido la deuda de la hipoteca a fondos de inversiones «buitres». En estos casos, los hipotecados acuden al banco, donde les informan que ya no tienen deuda y se confían, pero luego «les llega la carta del fondo de inversión de Holanda, de Bruselas o de paraísos fiscales».
Las personas en esta situación «no saben donde ir a negociar» y se encuentran «indefensos». Por tanto, Sánchez ha preguntado a Martínez Moya si hay recursos legales a su disposición para que los afectados «puedan reclamar que la deuda se devuelva a su banco».
El presidente del TSJ ha confirmado que la sensibilidad a esta realidad social está «calando» cada día más en los juzgados y tribunales, es decir, en el juez, los secretarios judiciales y funcionarios de la administración de Justicia, a la hora de llevar a cabo las prácticas procesales lógicas, propias del proceso de ejecución.
Esta sensibilidad, según Martínez Moya, no consiste en «ralentizar ni retrasar la Justicia», sino de «generar espacios de diálogo y de escucha, de información, que es donde debemos poner el foco de atención, y no sólo con determinadas asociaciones, sino en un ámbito general, con las partes implicadas». Además, apuesta por hacer un llamamiento a los profesionales jurídicos, es decir, a los abogados y procuradores.
Nuevos espacios de información
De lo que se trata, afirma Martínez Moya, es de hacer saber que en las oficinas judiciales «se pueden abrir espacios de información de derechos, y de información en correspondencia con los colegios profesionales».
El objetivo es «explorar y explotar servicios públicos dentro de la propia administración de Justicia, que ayuden e informen al ciudadano que se pueda encontrar en una situación desfavorecida en un determinado procedimiento», ha ratificado.
Considera que es «importante» que «cale» en el profesional de la Justicia y en el secretario judicial «que es factible escuchar y que se puede atender el problema antes de llevar a cabo un acto de ejecución propio de los procedimientos de ejecución hipotecaria».
A su juicio, estos espacios de mediación y de diálogo «son posibles», ya que la Ley «permite que se cumpla civilizadamente, es decir, pacíficamente». Esto, a su parecer, genera un clima de convivencia «mucho más favorable, que cohesiona socialmente».
Hasta seis meses de retraso en las ejecuciones
De hecho, Sánchez ha confirmado que los jueces pueden llegar a retrasar hasta seis meses las ejecuciones hipotecarias, pero no pueden detener el expediente a sabiendas de que no pueden hacerlo porque, de lo contrario, estarían prevaricando. Los afectados quedan a expensas de negociar con el banco la deuda en ese plazo.
El sacerdote ha detectado un «cambio de sensibilidad» ya que la realidad social «nos ha transformado a todos», y ha valorado el cambio de actitud. En el encuentro, según Sánchez, se han abierto cauces de encuentro y de diálogo, que van a fomentar «de cara a apoyar a la ciudadanía en estos procesos como conseceuncia de los desahucios».
Se trata, ha recordado, de problemas «complicados» que afectan a personas en paro y con falta de medios económicos para las familias, que no pueden comer ni vivir. A todo esto se suma un sistema financiero que, «a veces, se queda con las ayudas familiares».
Como resultado de estos encuentros, Martínez Moya ha señalado que se estudian «cauces institucionales de ayuda, de protocolos y de colaboración a personas desfavorecidas que se pueden llevar a cabo a través de las oficinas judiciales».
Acuerdo con el BBVA
La Plataforma llegó este lunes a un acuerdo con la sucursal bancaria del BBVA, situada en la avenida de la Libertad, para que se estudien los casos regionales de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, informó Miguel Marín, miembro de la asociación.
La plataforma convocó un acto con el fin de que se personara en el lugar un interlocutor válido de dicha sucursal para atender los casos de los afectados de este banco que solicitan daciones en pago o la condonación de las deudas.
Miguel Marín aseguró que existen casos de viviendas subastadas y de familias cerca del desahucio, como el de una residente en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, formada por 5 miembros y cuyo cabeza de familia se encuentra en paro.
En el caso de esta familia, padre e hijo firmaron una hipoteca y el primero quedó en desempleo.
La sucursal proporcionó a la familia la posibilidad de pagar 200 euros al mes, sin saber que finalmente el banco se quedará con la casa si no se llega pronto a una negociación.
El interlocutor de la sucursal ha prometido a la plataforma estudiar los casos a nivel regional, con el objetivo de proporcionar a los afectados la información necesaria sobre su situación para plantear las medidas necesarias ante el problema.
Desde la plataforma esperan «que cumpla con su palabra para poder parar éste, y muchos otros casos».
Fuente: La Verdad
Deja una respuesta