02 de febrero del 2014
El déficit habitacional de Salta es uno de los más altos del país. Si se toman en cuenta las 23 mil familias que presentaron su solicitud al Instituto Provincial de la Vivienda, las 10 mil que no lo hicieron, pero que carecen de vivienda, y las más de 42 mil casas consideradas irrecuperables, se llega a que están haciendo falta unas 75 mil unidades habitacionales. Entre las viviendas existentes hay 14.800 calificables como ranchos y cerca de 35 mil con piso de tierra. El cálculo no es arbitrario, sino que se realiza en base a cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y el INDEC.
Este escenario es preocupante, porque no se vislumbra voluntad por resolver el problema. En primer lugar, el diagnóstico es erróneo porque el Gobierno provincial se maneja con equívocos y contradicciones cuando da a conocer cifras de obras construidas y a construir. La mayor confusión la introduce un neologismo, las llamadas “soluciones habitacionales”, que presentan como “viviendas” a lo que son, en realidad, asentamientos precarios. Se estima que unos 287 mil salteños, el 23,66 por ciento de la población según el censo 2010, padecen pobreza estructural. Gran parte de ellos se alojan en los asentamientos que proliferan en los cordones periféricos de las grandes ciudades de la provincia. Además, se registra hacinamiento en casi el 9 por ciento de los hogares salteños. Diversos sondeos permiten verificar que en cada departamento del territorio salteño se repite, con cifras constantes, un faltante de viviendas dignas.
La vivienda digna es un derecho. Por cierto, debido a los costos de la construcción, no resulta fácil garantizarla a todos los ciudadanos. El otro dato de la realidad es la despoblación de las localidades rurales, que se agudiza debido al creciente desempleo y a la falta de programas de desarrollo para las áreas más castigadas por la desocupación y la pobreza.
De todos modos, no hay razones para la enorme carencia actual.
«Vivienda digna” es la unidad habitacional que reúne las condiciones básicas de comodidad, servicios de agua, sistema cloacal y accesibilidad. No son dignas las que se levantan con materiales precarios, en terrenos usurpados, ni siquiera cuando así pretenda considerarlas el Gobierno luego de proveerles de algunos servicios.
La falacia de las “soluciones habitacionales” se extiende a los llamados “módulos”, en algunos casos de apenas 12 o 14 metros cuadrados, sin servicios, o con servicios precarios, y carentes de iluminación y ventilación como los que proliferan en la provincia. Durante décadas, los planes Fonavi y los que llevaron a cabo diversos organismos del Estado desarrollaron una enérgica tarea urbanizadora, con barrios de diversos niveles de calidad según el poder adquisitivo de los adjudicatarios, pero que garantizaron siempre los servicios indispensables y brindaron a los vecinos la posibilidad de mejorar y embellecer sus viviendas. Salta capital y todas las localidades del interior provincial fueron testigos de esos verdaderos programas de inclusión social. Hoy, a todas luces, hay un fuerte retroceso.
El año pasado, el escándalo registrado en Lomas de Medeiros dejó al desnudo la distorsión de un plan que se transformó en una repartija entre amigos. Sin un horizonte definido, no hay proyecto que tenga una dimensión social inclusiva genuina e importante. Otro caso es el de los famosos monoambientes, que no solo son de mala calidad, sino que conforman un proyecto injustificable, porque no están destinados a familias con reales necesidades y, de hecho, son muchas las unidades no ocupadas por sus adjudicatarios, sino por inquilinos. Es bueno reiterarlo: la construcción es una actividad costosa. Según los costos estimados por el IPV para un plan de viviendas que tienen un 2.75 por ciento de ejecución en Campo Santo, cada unidad demandará una inversión de 205 mil pesos a valores de hoy. Los expertos calculan que, para resolver el déficit actual, habría que construir 10 mil viviendas por año.
Claro está, para ser viable, cualquier solución requiere un plan de desarrollo global. La construcción es cara pero, también, una actividad de formidable efecto multiplicador en la economía y genera el diez por ciento del empleo privado. Por otra parte, los planes hipotecarios organizados por el Estado con objetivos sociales consistieron históricamente en préstamos a muy largo plazo que el beneficiario debe devolver en cuotas para formar una cadena y posibilitar la reinversión inmediata en nuevos emprendimientos. La historia, de ese modo, nos demuestra que lo importante es que la Nación y la provincia definan objetivos y lleven adelante programas a largo plazo. El déficit habitacional, por cierto, no es el producto de ninguna crisis coyuntural sino de políticas que relegan la importancia de la vivienda digna.
Fuente: El Tribuno Salta
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