15 de enero del 2014
Representantes de Amnistía Internacional (AI) entregaron este miércoles en el Palacio de La Moncloa dos cajas con más de 65.000 firmas y 1.400 mensajes de voz recogidas en los últimos meses para pedirle al Gobierno el fin de los recortes en derechos humanos como la vivienda, la sanidad o la manifestación pacífica.
Anteriormente, una furgoneta de la organización, de color negro y con las palabras “Mariano Rajoy y su Gobierno #noescuchan”, al lado de una fotografía del presidente del Gobierno, recorrió las calles de Madrid para detenerse ante los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Interior y de Fomento, donde, a través de dos altavoces, emitieron algunos de los mensajes de voz recogidos por AI.
“En tiempos de crisis hay que proteger los derechos de los más vulnerables, no recortarlos”; “El derecho a la salud hace justicia”, “Manifestarse pacíficamente no debería ser peligroso” y “Los derechos humanos ni se golpean ni se silencian” son algunos de los mensajes de voz recogidos por activistas de Amnistía Internacional en las calles de más de 30 ciudades españolas, como Barcelona, Vitoria, Vigo, Granada y Zaragoza.
65.000 FIRMAS
Además, Amnistía recopiló más de 65.000 firmas a través de la web ‘www.actuaconamnistia.org’. En esta campaña participaron los cantantes Chenoa, Ariel Rot, Rubén Pozo, Luis Auserón y Vanexxa.
Frente a la entrada principal del Palacio de La Moncloa, la directora adjunta de Amnistía Internacional, Eva Suárez-Llanos, declaró a los periodistas que “la crisis económica no puede ser una excusa para violar los derechos humanos”, como han manifestado “alto y claro” las personas que han participado en la campaña de esta organización, y que “en momentos de crisis es, precisamente, cuando hay que proteger los derechos de las personas más vulnerables”.
“Un Gobierno no puede permitir que ninguna persona se quede en la calle sin una vivienda alternativa por un desalojo, ni que cientos de miles de personas se queden sin acceder plenamente a su derecho a la salud por una cuestión meramente administrativa. Si lo permite, la crisis económica pasa a ser una crisis de derechos humanos, y si, además, se toman medidas para dificultar que la gente salga a la calle a protestar pacíficamente, estamos hablando de un Gobierno que se aleja cada vez más del respeto a las normas internacionales de derechos humanos”, explicó.
Suárez-Llanos señaló que “el derecho humano a la vivienda no está garantizado en España”, “casi 900.000 personas han perdido su acceso a la tarjeta sanitaria por la mera circunstancia de estar en una situación administrativa irregular” y que “cuando las personas salen a la calle a reclamar pacíficamente sus derechos, se encuentran con declaraciones de las autoridades que criminalizan, estigmatizan y ponen en cuestión el derecho legítimo a protestar pacíficamente”.
VÍCTIMA DE LA POLICÍA Y DE UNA ORDEN DE DESALOJO
Ante la entrada principal de La Moncloa estaba Consuelo Baudín, que estuvo dos meses hospitalizada después de ser alcanzada por una pelota de goma durante la manifestación de los mineros que tuvo lugar en Madrid en el verano de 2012. “Querría salir a la calle a reivindicar todo aquello en lo que creo, siempre de manera pacífica, sin ser víctima de la policía y que no exista ningún caso como el mío nunca más”, apostilló.
Además, Mohamed Raji, que lleva 20 años viviendo en España y tres residiendo en la Cañada Real (Madrid), contó que reclamó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la intención del Ayuntamiento de Madrid de derribar su casa y ha logrado la paralización cautelar de esta medida. “Me sentía desamparado y desprotegido y la única respuesta que me dieron en el Ayuntamiento es que tenía orden de no estar en la Cañada”, apuntó.
Amnistía Internacional exigió al Gobierno que modifique el Real Decreto-Ley 16/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las personas; que garantice que los desalojos de vivienda se lleven a cabo como último recurso, que haga cumplir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las normas internacionales, que no adopte limitaciones al derecho a la manifestación pacífica y que no apruebe la Ley de Seguridad Ciudadana sin consultar con la sociedad civil.
Fuente: La Información
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