04 de diciembre del 2012
El ayuntamiento estudia si recurre la resolución contraria a sus intereses
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Teruel ha dictado una sentencia en la que insta al ayuntamiento de la capital a ejecutar la orden de derribo que pesa sobre 35 edificaciones ilegales en el barrio de Pomecia. De esta forma, la Justicia ha acabado dando la razón a la propietaria de parte de los terrenos donde se asienta el poblado, Isabel Gorbe, quien había solicitado que se llevara a efecto un decreto de alcaldía, emitido hace ahora un año, y que se pronunciaba en el mismo sentido. Pomecia es un barrio deprimido de la ciudad del Turia, habitado por miembros de la comunidad gitana.
El Ayuntamiento de Teruel señaló ayer que estudiará detenidamente la sentencia, que entregará a sus servicios jurídicos, antes de anunciar su postura sobre el asunto. La resolución es contraria a sus intereses y podría optar por recurrir ante una instancia judicial superior.
La resolución judicial se produce casi dos semanas después de la celebración de un juicio en la que la propietaria antes citada solicitó al derribo de las casas ilegales. Isabel Gorbe adujo que los terrenos objeto del litigio son de su propiedad, mientras que los letrados del consistorio se pronunciaron a favor de aguardar al Plan General de Ordenación Urbana.
La representación legal de Gorbe argumentó que el decreto de alcaldía debía cumplirse en todos sus extremos al no haber sido recurrido. Sin embargo, los letrados del ayuntamiento mantuvieron que un miembro de la comunidad gitana había presentado un escrito en el que pedía la anulación de la orden del alcalde.
El escrito no siguió el cauce establecido para este tipo de documentos administrativos, por lo que la representación de la propietaria mantuvo que no poseía ningún valor a efectos legales. Sin embargo, el consistorio considera que, si bien no se atiene estrictamente a la legalidad, sí posee valor como muestra de la postura de los habitantes del barrio de Pomecia.
PLAN GENERAL
El Ayuntamiento de Teruel se ampara en que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está en tramitación y que en la zona afectada por el proceso judicial se produce una reducción de las zonas verdes previstas, en la parte que ocupan las viviendas. Siguiendo este razonamiento, el consistorio alega que no es preciso demolerlas. No obstante, la propietaria arguye que el plan actualmente vigente es el que rige esa zona de la ciudad.
Por su parte, el colectivo gitano ha manifestado que Isabel Gorbe debe demostrar que es realmente propietaria de los terrenos en que se asientan sus viviendas.
Además, recordaron que, durante décadas, Gorbe no ejerció su derecho de propiedad sobre unos terrenos ubicados en una zona de Teruel que en tiempos sirvió para la extracción de arcilla con la que se hicieron los ladrillos para reconstruir la ciudad tras la guerra civil.
Fuente: El Periódico de Aragón
Deja una respuesta