Avanza la ley que obliga a countries a ceder tierras en Argentina

19 de octubre del 2012

La norma impulsada por legisladores K fue aprobada en la Cámara de Diputados con fuerte respaldo de la oposición

Tras una larga instancia de negociación en la que se modificaron más de 50 puntos de la norma original, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó con el voto del oficialismo y la mayoría de las bancadas opositoras el proyecto de Ley de Hábitat y acceso a la vivienda impulsado por legisladores del kirchnerismo.

Entre sus aspectos más destacados y polémicos, la iniciativa exige a los grandes desarrollos inmobiliarios a ceder terrenos para emprendimientos sociales vinculados con el acceso a la vivienda.

La norma fue tratada ayer en Diputados en una sesión que fue seguida por militantes de organizaciones sociales kirchneristas que coparon los palcos y celebraron con cantos y papelitos la aprobación del proyecto. Los militantes pertenecían al partido MILES de Luis D’Elía, La Cámpora y el Movimiento Evita.

La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos, y sólo se opusieron los diputados denarvaístas de la bancada Unión Celeste y Blanco, quienes aseguraron que la medida impulsada por el kirchnerismo “avasalla la propiedad privada”. Con todo, los denarvaístas de UCyB prefirieron no exponer su postura en el recinto, según trascendió para evitar la posibilidad de reacciones por parte de los militantes que ocupaban los palcos.

Los diputados del Frente para la Victoria contaron entonces con el acompañamiento de las dos bancadas del radicalismo, del PRO Peronismo, del Frente Amplio Progresista, de la Coalición Cívica, de Nuevo Encuentro y de los monobloques.

El proyecto original fue elaborado por los legisladores del FpV Alberto España (cercano a La Cámpora) y Alicia Sánchez (esposa de Luis D’Elía) junto al sabbatellista Marcelo Saín de Nuevo Encuentro. Según sus fundamentos “persigue el objetivo promover la generación y gestión de proyectos habitacionales, urbanizaciones sociales y regularización de barrios tendiente a abordar la diversidad y complejidad de la demanda de viviendas”.

Con todo, y pese al respaldo a la hora de la votación, la oposición aprovechó el debate para lanzar duras críticas hacia la política de acceso a la vivienda del gobierno provincial. En ese marco, Walter Martello, de la CC, denunció la “subejecución de partidas” en programas del Ejecutivo vinculados a esta problemática.

LOTES Y EXPROPIACION

La norma, que será tratada en el Senado, dispone una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen en la Provincia tales como countries, clubes de campo, cementerios privados o grandes superficies comerciales que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados a ceder un porcentaje de la superficie total de los predios o su equivalente en efectivo para la realización de emprendimientos sociales.

El proyecto original establecía un piso del 10 por ciento de la superficie y no disponía un tope máximo. Pero el texto fue modificado a partir de un planteo del FAP se fijó un techo “que no podrá ser superior al máximo establecido por la instancia superior de justicia en materia de constitucionalidad para la regulación de usos del suelo por parte del Estado”.

En tanto, el proyecto apunta también a que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos, para desarrollar planes sociales de viviendas o disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por lo que incluye la figura de la expropiación.

Con todo, la oposición logró modificar aspectos de esta disposición para que las expropiaciones deban contar obligatoriamente con el respaldo de la Legislatura.

La iniciativa crea, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Fondo Fiduciario Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat, con el objeto de financiar, bajo cualquier modalidad, las necesidades de familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional que no sean consideradas sujetos de crédito por la banca formal, ya sea por sus bajos ingresos o por carecer de garantías reales. El Poder Ejecutivo reglamentará su duración, funcionamiento y mecanismos de administración y control.

 

Fuente: El Día

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