(Español) 15 de octubre del 2012
por Yazmín Zaragoza/El Sol de México
La satisfacción del derecho a la vivienda no se resuelve mediante su producción masiva, antes debe considerarse su articulación con la ciudad y el conjunto de otros derechos humanos que atienda a pobres en situaciones extremas; “ignorarlos ha significado que la vivienda misma, sin ciudad, no sólo impide el disfrute de otros derechos, sino que sea causa de violencia doméstica y alimento de la delincuencia organizada”.
De acuerdo con el estudio “Estado Actual de la Vivienda en México 2012“, realizado por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC) y la Sociedad Hipotecaria Financiera (SHF), “el derecho a la vivienda adecuada -entendida como aquella que garantiza seguridad de tenencia, acceso a servicios, equipamiento, habitabilidad, lugar y cultura- está muy lejos de los hogares concebidos como objeto mercantil regulado por la oferta y la demanda”.
Los desafíos son grandes: “tan sólo este año la demanda será de un millón 71 mil 241 soluciones de vivienda para poco más de cuatro millones de personas”, esto implica que a corto plazo se den soluciones al rezago habitacional para aquellas familias cuyo ingreso es menor de 3.4 salarios mínimos”.
Además, de que se deberán atender las necesidades de casas para las nuevas familias, que este año se calcula en 603 mil 508 hogares. Y habrá una movilidad de 81 mil 708 familias, entre los rubros más importantes.
La investigación alerta el olvido en que se encuentran los sectores en extrema pobreza, ya que no son considerados como posibles candidatos a poseer una vivienda digna “y ello hace que la falta de suelo legal – sin hacinamientos – asequible y con servicios para la población que se ubica debajo de la línea de pobreza, sea aún tema pendiente que reclama atención”.
Los organismos internacionales de Derechos Humanos le han planteado a México varios retos que debe implementar, como lo es “una política incluyente de suelo y avanzar en el reconocimiento de acceso a éste como derecho humano y su traducción en instrumentos y programas que lo hagan efectivo”.
Ante el olvido y la falta de políticas gubernamentales que ayuden a los más pobres el Comité Internacional de Derechos Económicos y Sociales, según cita el estudio de CIDOC: “observamos con preocupación que los programas de vivienda no responden adecuadamente a las necesidades de los más necesitados. Y falta información estadística en torno al número de desalojos forzosos y de personas sin vivienda en el país”.
Las llamadas de atención son para evitar que quienes sean desplazados por cuestiones sociales, de pobreza, marginación, violencia o incluso por la delincuencia puedan ser atendidas, como lo plantea la Ley de Vivienda y su posterior reglamento publicado el 10 de junio de 2010.
Todas las autoridades, plantea la legislación, “deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Y establece también la obligación del Estado de investigar sancionar y reparar las violaciones a esas garantías “incluso recomendó que en el plazo de un año se emita una ley que repare las violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, plantean Cidoc y SHF, las recomendaciones internacionales no se han abordado con decisión, “ni siquiera en las más delicadas como lo son la creación de un fondo humanitario para atender a quienes viven en situaciones extremas no sólo en casos de desastres naturales”.
Fuente: El Occidental
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