28 de julio del 2012
Hay 20 personas imputadas por usurpación. Se metieron en un terreno de ocho manzanas y 172 lotes en barrio Parque de la Vega III, pegado a la calle Santa Ana. Los vecinos no se quieren ir.
Paula se frota las manos, las pasa por su cara, se levanta de su silla, se sienta de nuevo. Sus ojos celestes denotan intranquilidad. A fines de julio de 2009, ella junto a más de 180 personas se metieron en un terreno de ocho manzanas de barrio Parque de la Vega III y hoy el desalojo está casi en la puerta de su casa.
De esas dos centenas de personas provenientes de barrios aledaños como Las Violetas o Los Plátanos, se quedaron 20 familias que cavaron cimientos, construyeron sus casas y abrieron calles de acuerdo a la nomenclatura catastral del terreno. Sabían que estaban en tierra ajena, pero la necesidad los impulsó a la ocupación.
Quienes se quedaron están imputados por el delito de usurpación y la orden de desalojo ya fue impartida por la fiscal Jorgelina Gutiez. La decisión de la Justicia indica que el próximo martes las familias tienen que abandonar las viviendas.
Por ahora, la disposición está en suspenso. Es que las familias consiguieron un abogado defensor que se opuso a la medida y ahora la efectivización o no del desalojo está en manos de un juez de control.
Si bien la ocupación fue hace tres años, la fiscal le explicó a Día a Día que el dueño del terreno se presentó desde un primer momento. “Se trata de una persona que tiene derechos posesorios sobre las tierras, la fiscalía lo comprobó y es nuestro deber hacer cesar los efectos del delito”, indicó Gutiez.
De las 20 familias imputadas, hay 13 que tienen defensa y que están representadas por el abogado Luis Reinaldo Pereyra. El letrado explicó que intenta demostrar que la ocupación que efectuaron los vecinos no debería enmarcarse en un delito penal sino dirimirse en el fuero civil, porque al momento de la acción “no había alambrados que rodearan al terreno, que además se encontraba en estado de abandono, por lo que no existía una posesión real del lugar”.
Entre estas idas y vueltas están los intereses de estas familias, que aseguran que por más que el juez de control disponga el desalojo no dejarán las viviendas que construyeron. A mediados de 2010, la fiscalía dispuso una medida de no innovar y desde entonces no se puede ni cavar un pozo.
“A muchos les quedaron las casas incompletas, sin techo, pero igual se mudaron. En donde vivía antes se me iba todo mi sueldo en alquiler. Acá tenemos nuestras casas, no nos pueden sacar”, dice Sandra Zacarías, una de las vecinas del lugar.
Paula cuenta que trataron de llegar a un arreglo con el propietario del terreno para comprar las tierras pero no hubo manera. Entre este clima de tensión, hubo denuncias por amenazas que hizo la propietaria de las tierras, pero quienes ocupan los lotes aseguran que nunca se le acercaron a la mujer.
Por ahora hay incertidumbre. Los vecinos tienen que esperar la decisión del juez de control. Cuando se metieron en las tierras no esperaban este posible desenlace y ahora se aferran a sus ladrillos para defender lo que ellos creen que les pertenece.
Fuente: Día a Día
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