20 de julio del 2012
Los recientes desalojos que han tenido lugar en el Cabanyal no contribuyen a solucionar el problema de degradación el barrio. Por el contrario, suponen vulneración de los derechos humanos de familias con escasos recursos, que son abocadas a una situación de mayor desprotección y vulnerabilidad. Los más afectados son los niños y niñas de estas familias, que ven truncados sus procesos de desarrollo y de formación sin que desde los servicios sociales municipales se haga nada al respecto.
Foto de la página web.
En los últimos días el ayuntamiento ha desalojado a al menos 20 familias de diversas viviendas ocupadas en el barrio del Cabanyal (ver vídeo). El del pasado lunes en la plaza Llorenç de la Flor (ver vídeo), se saldó con 10 familias desalojadas, que ahora buscan una vivienda en la que entrar en otros barrios. Mientras, duermen repartidos en casas de familiares o en furgonetas.
La lógica a la que responden los desalojos no está clara, ya que el propio ayuntamiento permitió o incluso favoreció la ocupación irregular de viviendas en el barrio, dentro de su estrategia de abandono del barrio a fin de justificar la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez. Si bien es posible que las recientes actuaciones surjan como respuesta al creciente malestar en el Cabanyal debido a la situación de degradación que atraviesa, en esencia no es más que una cortina de humo que sirve de poco, pues el Cabanyal requiere de un plan de rehabilitación integral consensuada que tenga en cuenta la situación de todos los actores implicados.
Bien al contrario, los desalojos en sí mismos constituyen una violación de los derechos de las personas que los están sufriendo, especialmente a los niños y niñas.
La opción de realojar a las familias desalojadas –que se da en otras ciudades– suena a fantasía si se mira la historia reciente de la política municipal valenciana, marcada más bien por la lentitud e inoperatividad de su Programa de Acceso a la Vivienda para familias necesitadas. Se vulnera así el derecho humano a la vivienda, consagrado en el artículo 47 de la constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.[…]”
Además, los desalojos se han producido sin el adecuado acompañamiento de los servicios sociales, que bien han estado ausentes o han llegado una vez el desalojo se había consumado.
Muchas de las familias con menos recursos, que estaban en una fase muy avanzada de arraigo e integración, se ven abocadas a buscar una vivienda que ocupar en otro lugar y tener que empezar de cero en ese lugar.
De esta forma las autoridades municipales muestran su desinterés por la situación de los niños, muchos de los cuales podrían verse forzados a interrumpir su escolarización, la cual había ido consolidándose a lo largo de los años gracias a su propio esfuerzo y trabajo, y el de sus familias. ¿Serán capaces de adaptarse rápidamente a su nueva situación, matricularse en centros de la zona en la que se asienten y continuar estudiando sin mayor problema? Probablemente en algunos caso sea así, pero en muchos no.
Este proceder vulnera claramente la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el estado Español, en la que se establece como principio fundamental el interés superior del niño, es decir, que cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. Se vulnera por tanto de manera específica el derecho de los niños y niñas a la educación, reconocido en dicha Convención.
La escolarización de calidad contribuye a romper el círculo vicioso de la exclusión y la pobreza. Pero para una buena escolarización, es necesaria también una estabilidad que incluye una vivienda. Por ello, demandamos al ayuntamiento que ponga en marcha tanto el Programa de Acceso a la Vivienda como el trabajo de los servicios sociales de la zona en el ámbito educativo. Mientras tanto, debe hacerse el esfuerzo necesario para encontrar una solución a la situación de las familias desalojadas.
También se hace un llamamiento a la solidaridad de los vecinos del barrio. Es necesario darnos cuenta de que las personas desalojadas tienen derechos que deben ser respetados, especialmente en el caso de los niños y niñas.
No se puede englobar a todas las familias que ocupan irregularmente una vivienda -hecho que en raras ocasiones es una elección caprichosa- o que tienen pocos recursos bajo la etiqueta de ‘grupos marginales’ y suponer que se dedican al tráfico de drogas. No son víctimas ni verdugos, sino personas, con los mismos derechos que cualquier otra.
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