23 de julio del 2012
Más de 300 personas viven hacinadas en condiciones precarias
Dos inmigrantes subsaharianos apoyados en una de las paredes de la nave de Poblenou. Foto: Efe
«Nadie quiere vivir así, pero no hay otra opción», asegura uno de los habitantes de la nave industrial de la calle Puigcerdà, en el barrio barcelonés de Poblenou, quienes la semana pasada recibieron una orden de desalojo. Y es que en el recinto, que se encuentra en un estado deplorable, conviven más de 300 personas, principalmente hombres jóvenes, procedentes de todos los lugares del mundo, aunque en su mayoría son senegaleses, con la venta de chatarra como fuente de ingresos. El desalojo estaba previsto para hoy mismo. El juez, sin embargo, ha paralizado la orden habida cuenta de las condiciones en las que viven.
El recinto dispone de varias naves independientes que han ido siendo ocupadas progresivamente y las cuales tan pronto hacen las funciones de vivienda como de almacén y taller de chatarra. Así, no es extraño encontrar entre todo tipo de desechos metálicos un tronado diván a modo de cama o un fogón. Las instalaciones, además, no cuentan con agua potable, por lo que las condiciones higiénico-sanitarias se resienten. Son continuos los viajes de algunos de estos vecinos de la nave a una fuente pública cercana donde abastecerse del agua mínima e indispensable para poder asearse, lavar la ropa, cocinar y comer. En cuanto a la luz, algunos tienen la fortuna de poder engancharse a una línea eléctrica, pero eso no es ninguna garantía ya que son frecuentes los cortes de luz por parte de la compañía.
La comida también es un bien preciado entre los habitantes de esta nave industrial. La gran mayoría están desempleados y algunos pueden sacarse exiguos ingresos a partir de la venta de chatarra, pero como señala Ibrahima Seydi, un senegalés de 33 años residente en España desde hace 14, «se saca muy poco». «Ahora se está vendiendo a 18 céntimos el kilo, de los cuales nosotros sólo nos llevamos un céntimo. Los que realmente ganan son los mayoristas», asegura Seydi, quien antes de llegar al Poblenou estuvo trabajando en el sector de la construcción durante muchos años con lo que su experiencia en España le han convertido de forma espontánea en el portavoz del asentamiento.
Críticas a las administraciones
En cualquier caso, la vida en la nave es muy dura, ya que se desarrolla en condiciones de miseria absoluta. Por ello, muchos vecinos de la nave reclaman más atenciones por parte de las administraciones e incluso denuncian que los servicios sociales del Ayuntamiento a les han ignorado por completo, algo que se desmiente categóricamente desde la institución municipal. «Como Ayuntamiento ofrecemos ayudas a los que quieran acogerse a ellas y además, periódicamente, nuestros educadores de los servicios sociales han estado visitando la nave para conocer las necesidades de esta gente», asegura una técnico municipal. «Como siempre que nos encontramos con una situación similar, no desatenderemos a nadie y se les ofrecerá un alojamiento de emergencia el tiempo que sea necesario, así como un servicio de higiene y alimentación. Además, podrán acogerse a a un curso de formación en contacto con el país de origen de cada uno de ellos para poder llevar a cabo un plan de negocio en sus respectivos países», explica la técnico.
Las quejas desde el asentamiento también se focalizan en la actitud de los Mossos d’Esquadra, de quienes dicen que entran continuamente en la nave con toda impunidad, se dan una vuelta por allí intimidando a los presentes, saludan a un par de residentes que son sus confidentes y en alguna ocasión actúan. De hecho, una vez se llevaron a un joven senegalés sin papeles al Centro de Inserción Social, donde lo tuvieron retenido un par de semanas.
Ahora, la vida de estas personas depende de que se haga efectiva una orden de desalojo producto de la denuncia interpuesta por unas fincas y temen volver a quedarse sin techo. «Si nos echan, muchas de estas personas acabaran en la calle, no tienen donde ir», denuncia Ibrahima Seydi.
La incertidumbre del desalojo
El pasado lunes, el Juzgado de Instrucción nº5 de Barcelona aplazó el desalojo de los más de 300 residentes en la nave industrial de la calle Puigcerdà para darles un margen de una semana durante la cual negociar con la propiedad el plazo y condiciones en las que debía producirse ese desalojo. Sin embargo, una portavoz de la plataforma Apropem-nos, que apoya la causa de los asentados y de cuya asociación forma parte la abogada que lleva el caso, la propiedad ni siquiera ha querido sentarse a dialogar con los representantes de los habitantes en la nave, lo cual ha causado indignación entre ellos ya que aseguran. Así las cosas, hoy concluía el plazo dado por el juzgado y estaba previsto el desalojo de los 300 ocupantes. No obstante, la juez, a la vista de las penosas condiciones en las que viven ha decidido paralizar por ahora el desalojo de los inmigrantes.
Solidaridad vecinal
Los residentes de los barrios de Poblenou y Besòs se han movilizado por sus vecinos, así como algunas asociaciones, y son numerosas las iniciativas destinadas a facilitarles alimentos y productos de higiene. Ya en el interior de la nave, existen tres “restaurantes”, que no son más que residentes de la nave que se dedican a cocinar y a servir comidas a sus vecinos por el módico precio de euro y medio o dos euros. Algunos doctores y personal del CAP Besòs, acuden a la nave fuera de sus horas de trabajo para atender sus necesidades médicas.
Fuente: La Razón
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