18 de julio del 2012
Por Cristina Pradolini, Arquitecta, Centro de Estudios Populares
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (año 1948) establece que «toda persona tiene derecho (…) a la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda.»
La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 14 bis (Reforma Constitucional de 1957) establece: «La protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador (…) el acceso a una vivienda digna para vivir.»
Es deber de nuestros gobiernos ocuparse del problema de acceso a la vivienda, si consideramos que en nuestro país existe un importante déficit de unidades habitacionales. El gobierno nacional en los últimos años ha mostrado una clara decisión de encarar políticas de vivienda de gran escala, dirigidas a los sectores de menores ingresos.
Podemos recordar el Plan Federal I, del año 2004, con 120.000 viviendas en todo el país, de las cuales 10.500 estaban destinadas a la provincia de Santa Fe. El Plan Federal II, de marzo del 2.007, con 255.000 viviendas a nivel nacional, 21.000 de las cuales eran para nuestra provincia. Ambos planes pertenecen a la presidencia de Néstor Kirchner y fueron ejecutados con éxito en numerosas regiones del país.
En el Distrito Rosario estos planes federales determinaron la adquisición por parte del gobierno provincial, en la gestión del ingeniero Jorge Obeid, en el año 2005, de 167,78 hectáreas en el noroeste de la ciudad, entre la Ruta N° 34, la avenida de Circunvalación y la autopista a Santa Fe, luego llamada Zona Cero, destinadas a la construcción de 4.500 viviendas. El proyecto incluía, junto a las viviendas, la construcción de equipamientos comunitarios: jardines maternales, centros de atención de la salud, escuelas primaria y secundaria, destacamentos policiales, locales comerciales, espacios verdes, centros deportivos, etcétera.
La urbanización comenzó en el sector central de 52 hectáreas con 1.443 viviendas. De esta primera etapa, en octubre de 2011 fueron sorteadas las primeras 625 unidades, ya construidas, a ser ocupadas cuando se finalicen las obras de infraestructura: redes de agua, energía eléctrica, gas natural, desagües cloacales, etcétera, a cargo del gobierno provincial.
Por lo tanto, en ese sector del Distrito Rosario aun contamos con más 100 hectáreas para ser destinadas a usos habitacionales, de vivienda de interés social, tal como fuera formulado en 2005.
El 12 de junio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un Plan de 400.000 viviendas a desarrollarse hasta el año 2015, con créditos dirigidos a sectores sociales que no poseen vivienda, en todo el territorio nacional.
La gran importancia de esta medida radica en varios factores: la potencia de su escala, por el volumen de viviendas como respuesta al problema habitacional, el aseguramiento de que realmente accederán quienes lo necesitan, con créditos sin piso de ingresos para calificar el préstamo; por otra parte, el acierto de disponer de tierras del Estado que hoy no tienen destino, permitiendo el acceso a la propiedad de la tierra sin precios especulativos, pero fundamentalmente en la oportunidad del momento histórico en que se propone, por su aporte a la reactivación económica en una situación de grave crisis internacional.
Podemos afirmar que impulsará el desarrollo económico y social, indudablemente aumentará la demanda de puestos de trabajo, considerando que la industria de la construcción es gran generadora de empleo, en muchos casos de mano de obra no calificada, y que incluye en el mercado laboral a gran parte de población desocupada, produciendo además, por la diversidad de rubros en el proceso constructivo, el desarrollo de nuevas plantas industriales o el crecimiento de las existentes y creando sinergias que repercutirán en el mercado interno.
En este escenario, es de suma relevancia que los gobiernos sub-nacionales se sumen y que cada municipio o comuna, junto al gobierno provincial, traten de aportar tierras fiscales para facilitar el proceso de accesibilidad al terreno, cooperando en la concreción del plan.
Los gobiernos toman decisiones de políticas públicas de acuerdo a sus principios ideológicos y a su sensibilidad social, ya sea en el ámbito de una ciudad, la provincia o la Nación.
En este caso, es claro que las políticas de vivienda que anuncia el gobierno nacional corresponden a líneas de acción que favorecerán a sectores postergados de nuestra sociedad, a una gran cantidad de habitantes que necesitan de la presencia de un Estado activo, inclusivo y equitativo, para que puedan ser incorporados como ciudadanos, en la vida política del país.
Fuente: La Capital
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