12 de julio del 2012
por Gabriel Quadri de la Torre
Hacer vivienda es hacer ciudad, aunque lo hayan ignorado los últimos gobiernos. Y no vale como contrición tardía y errónea el concepto oficial de DUIS.
Una de las responsabilidades indeclinables del próximo gobierno es reconstruir una institucionalidad eficaz de política urbana y de vivienda o, más bien, de ciudades. México es un país eminentemente urbano. Tres cuartas partes de la población viven en ciudades (asentamientos de más de 15,000 habitantes) y más de 50%, en ciudades medianas y grandes urbes. Hacia la mitad del siglo, una proporción superior a 90% de los mexicanos vivirá en ciudades. Lógicamente, el destino del país se juega en sus ciudades la calidad de vida de una inmensa mayoría de población, la fortaleza y densidad del tejido social, así como la sustentabilidad y competitividad de la economía nacional, al igual que el verdadero ejercicio de derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la seguridad ciudadana, a la vivienda, a servicios públicos de calidad, al espacio público, a la cultura, al deporte, a la recreación y a las telecomunicaciones del siglo XXI (banda ancha e Internet).
La disminución de la pobreza dependerá también de la dinámica urbana y de la capacidad de inclusión social en las ciudades, que seguirán recibiendo, lógicamente, un flujo caudaloso de migrantes provenientes del campo. A veces olvidamos, o queremos olvidar, que el desarrollo económico, la sustentabilidad y el abatimiento de la pobreza son inherentes a una urbanización plena. En un país de 140-150 millones de habitantes (hacia el 2050), y ecológicamente frágil, ciudades grandes, compactas y diversas son la solución territorial más eficiente.
Economías de escala y de proximidad, empleo en manufacturas y servicios, múltiples oportunidades empresariales y menores costos per cápita de provisión de infraestructura y de seguridad permiten mayor productividad y, por tanto, mayores ingresos. La eficiencia energética de ciudades grandes, densas y compactas (por la factibilidad de movilidad colectiva no motorizada y edificaciones verticales) se relaciona con una menor huella ecológica, mientras las altas densidades liberan espacios para la conservación de la biodiversidad y paisajes naturales en el resto del territorio nacional.
Sorprendentemente, al tiempo que México carece de una política nacional para sus ciudades, opera en nuestro territorio un mecanismo perversamente eficaz de desintegración de la estructura urbana del país. Se trata del sistema de vivienda para los trabajadores operado por el Infonavit y otros organismos de vivienda, donde la localización exourbana de desarrollos habitacionales es decidida por las empresas manufactureras (sí, manufacturan casitas en serie y a gran escala) de vivienda infinitesimal dispersa por potreros, llanos y cerros, en el suelo más barato posible. El costo social, urbano, ambiental, personal y familiar es astronómico, como lo hemos documentado repetidamente en esta columna y, recientemente, de manera vivencial, en la concluida campaña presidencial.
Hacer vivienda es hacer ciudad, aunque lo hayan ignorado los últimos gobiernos. Y no vale como contrición tardía, cosmética y errónea el concepto oficial de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), que derrocha ironía y, por lo demás, es relativamente insignificante.
El siguiente gobierno tiene el gran desafío de reconocer el pasivo y de enmendarlo, de asumir el derecho a la ciudad y el hecho de que el instrumento clave (y casi exclusivo) del gobierno federal para incidir en las modalidades del desarrollo urbano es el crédito hipotecario a la vivienda. Éste (al menos el de Infonavit) debe quedar integrado a una política de ciudades, idealmente, en una nueva Secretaría de Ciudades y Vivienda compartida con la actual Conavi y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Sedesol (sin más burocracia).
Implica un banco de tierra intraurbana construido por medio de convenios, compras y expropiaciones de predios vacantes, baldíos o subutilizados, financiado con nuevos recursos públicos; fusión de predios; licitación de proyectos urbanos de vivienda y servicios en polígonos de actuación; vivienda urbana en renta, y crédito masivo a vivienda usada y a la densificación y autoconstrucción en barrios populares.
Se trata de una reingeniería relativamente sencilla de la administración pública federal y del modus operandi del Infonavit, de políticas urbanas visionarias y eficaces, de asignar recursos para el banco de tierra (procedentes de la eliminación de subsidios a los combustibles), y de activar a las empresas desarrolladoras para aprovechar fuerzas recodificadas del mercado inmobiliario.
Fuente: El Economista
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