09 de julio del 2012
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, denunció hoy la violación a los Derechos Humanos de pobladores de la Hacienda San Ramón El Coyolito, en Intipucá, La Unión, por la UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden) y por la jueza de Paz de Intipucá, Ingrid Lisseth Berríos Castillo.
Golpes, gases lacrimógenos, saqueos y destrucción de viviendas enfrentaron los habitantes, incluidos niños y personas de la Tercera Edad, pues los agentes no respetaron nada ni a nadie, dijo María del Rosario Reyes, una de las afectadas.
El desalojo fue ordenado por la jueza de Paz Berríos Castillo, en contra de 20 familias, pues la cooperativa de la hacienda reclamaba usurpación de terrenos, no obstante, fueron desalojadas 117 familias, con lo que se afectó a más de 400 personas, quienes ahora viven a la orilla de la carretera, donde los más afectados han sido los niños.
Luna aseguró que hubo violación al Derecho a un Debido Proceso Judicial, por inobservancia de la garantía de audiencia y defensa por la falta de una Protección Jurisdiccional; asimismo, del Derecho Humano a la Vivienda, a la Integridad Física, a la Libertad Personal, a una Alimentación adecuada y a la Salud.
Reyes explicó que la UMO llegó con motosierras y destruyeron las casas y los desalojaron. Un grupo de personas particulares, los cultivos que tenían las familias, además la cooperativa ha saqueado las casas que quedaron en pie, los alimentos, entre otras pertenencias. Los agentes policiales golpearon a la gente y les tiraron gas lacrimógeno. Incluso, el Procurador Adjunto, Roberto Martínez, fue afectado cuando le tiraron gas, indicó Luna.
“Como varón, me siento enteramente destruido, nos dejaron sin nada. ¿Por qué en tiempos de paz está pasando esto?”, manifestó Antonio Soto Perdomo, otro de los afectados, quien denunció la destrucción total de 58 viviendas y el saqueo de otras 25. Carmelo Cabrera explicó que la propiedad de alrededor de 1,500 manzanas fue vendida de forma fraudulenta y posteriormente se trasladó al ISTA (Instituto Salvadoreña de Transformación Agraria), que la cedió a la cooperativa. Por tanto, cuestiona el proceso porque no hay documentos que amparen los traspasos. Luna aseguró que el Presidente del ISTA, Pablo Alcides Ochoa, ha mostrado buena voluntad para proporcionar viviendas a los afectados; la Secretaría de Inclusión Social ha proporcionado alimentos a las familias, acción que pidió sigan realizando para garantizar la alimentación a los pobladores.
Fuente: Diario CoLatino
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