01 de junio del 2012
El operativo policial, ordenado por la Justicia, contó con más de 500 efectivos. Las 20 hectáreas que estuvieron ocupadas por 887 personas -la mitad niños- se convirtieron en un campo de batalla.
La ocupación de terrenos privados que se había iniciado el jueves 12 de abril y que ayer había reunido en 20 hectáreas a unas 200 familias concluyó durante las horas de la mañana con el desalojo compulsivo por orden judicial, en medio de un inmenso operativo policial de más de 500 efectivos, móviles y hasta el helicóptero de la fuerza.
Eran las 8.20. De pronto aparecieron por todos lados. Decenas de combis, camionetas y patrulleros. Las más de 200 familias quedaron sitiadas. Según un censo no oficial, eran 222 familias integradas por 887 personas y compuestas por 453 adultos y 434 niños, entre ellos 20 discapacitados, 18 mujeres embarazadas y 3 ancianos.
El predio de 20 hectáreas que está al sur de la ruta de circunvalación de Palmira, entre los carriles San Pedro y Chimbas, parecía estar a un suspiro de convertirse en un campo de batalla. En un camino sin regreso.
Pero no. Hubo una enorme tensión. Hubo gritos e insultos. Hubo empujones y algunos heridos por golpes. Pero no hubo un solo disparo, ni un solo herido grave.
Los policías llegaron sin armas. Sólo los efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) estaban armados y solamente para dedicarse exclusivamente a tener protegidas a las fiscales María Florencia Díaz Peralta y María Mónica Fernández Poblet.
Después vinieron los intentos de persuadir a la gente de que desalojara por propia voluntad esas tierras que habían ocupado y en las que algunos habían instalado un simple cobertizo pero otros ya estaban levantando paredes de material y tinglados bien construidos.
Mientras el helicóptero pasaba, rasante sobre las cabezas de ocupantes y policías, se produjeron algunas escaramuzas y se arrojó gas pimienta en algún sector. Volaron algunos piedrazos –ladrillazos más bien– y una mujer y un hombre policías resultaron heridos.
Pero la calma comenzó después de las primeras once detenciones, especialmente cuando fue metido a empujones en un móvil Hugo Carlos Flecha García, quien se reconoció como uno de los promotores de la toma masiva (ver aparte) y quien tildó al intendente de San Martín de “maricón, por no estar aquí”.
Finalmente las primeras familias comenzaron a abandonar el lugar, cargando sus cosas en camiones y camionetas ante el grito de otros que les pedían que no renunciaran.
“Esta situación se vivió en todas las negociaciones que se hicieron anteriormente. Algunos entendían la situación y querían retirarse y otros los impulsaban a seguir con la toma”, reconoció la fiscal Díaz Peralta.
Incluso también se estableció desde la Justicia que había muchas familias que habían encarado la ocupación “porque hubo algunas personas que las fueron a buscar para que se asentaran aquí”, dijo la fuente.
Otro dato llamativo fue que de uno de los tres denunciantes, la Fundación Educar, ligada a seguidores de Sai Baba, habían negociado con los ocupantes de su parcela y les habían dado un plazo de 90 días para llegar a un acuerdo “pero curiosamente la gente que estaba en ese terreno se fue y se pasó a los de la sucesión de la familia Castro, otros de los dueños del lugar”, dijo la misma voz.
Lo concreto es que a las 15 de ayer ya casi no quedaba nadie en las 20 hectáreas y el terreno había sido arrasado por las topadoras.
Ahora los legítimos dueños deberán cumplir con el compromiso asumido de delimitar sus propiedades, cercarlas y de esa manera hacer posesión formal de sus tierras.
Fuente: Diario Uno
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