Para Mariana Giaretto, «hay que evitar la concentración de tierra»

27 de mayo del 2012

Mariana Giaretto es socióloga e investigadora de la UNCo. Editó recientemente el libro “Ciudad en conflicto. Un análisis crítico de las relaciones entre Estado capitalista y tomas de tierras urbanas”, donde analiza cuatro casos en Cipolletti. Sin embargo, lejos de quedarse en la anécdota, busca explicaciones generales al problema en Argentina y concluye que el punto crítico está en la dispersión con la que el Estado busca resolver este tema. “No se soluciona el problema de forma integral”, sostuvo en diálogo con E&E. Crítica de la actual distribución de la tierra, asegura que la mercantilización y la especulación atentan contra el desarrollo urbano de los sectores populares.

¿De qué se trata su investigación?
Tiene como núcleo las relaciones entre el Estado capitalista y los sectores populares al calor de los conflictos de la toma de tierras. La idea fue no tomar un caso ni tampoco las políticas públicas de un Estado o un gobierno local, sino ver las relaciones en cierta historicidad de los procesos de tomas de tierras. El referente empírico fue la ciudad de Cipolletti, con cuatro experiencias de tomas, desde 1996 a 2007. Se pensó en reconstruir, a partir de entrevistas a protagonistas, funcionarios, dirigentes sindicales y ONG, cómo se dieron las relaciones entre el Estado y las personas que toman tierras para acceder a las ciudades. Por detrás está la idea del derecho a la ciudad como un conflicto que en las sociedades capitalistas no se termina de resolver o no se quiere resolver. Yo utilizo la idea de que el Estado va dispersando el conflicto en lugar de resolverlo.

¿Dispersarlo en qué sentido?
No solucionándolo de forma integral, sino viéndolo en cada caso, aplicando diferentes mecanismos a veces de manera incoherente. En algunos casos se reprime y de desaloja, en otros se negocia y se socializa –la mayoría de los barrios populares se inicia como tomas de tierras- y en otros casos se neutraliza, se invisibiliza. Ahí quedan, en estado de toma permanente. La idea fue dar cuenta de estas propias contradicciones.

Habló de las relaciones capitalistas. ¿El problema nace cuando la vivienda se convierte en una mercancía?
Tiene que ver con cómo se distribuye la tierra urbana. Desde los `90 se sufrió un proceso de remercantilización del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, que son dos cosas diferentes. Uno puede acceder a una vivienda digna en el medio del desierto, o bien con servicios y accesos a las fuentes de trabajo en una ciudad. A partir del neoliberalismo quedó todo en manos del mercado, que además no se regula. Neuquén y Cipolletti son ejemplos de ciudades muy caras, no sólo en los terrenos sino en los alquileres. Son mercados regidos por la lógica de la especulación, y esa lógica se contrapone a la de un uso social de la tierra. Por un lado se concentran grandes cantidades de tierra en pocas manos y por el otro existe una gran mayoría de trabajadores que no tiene en el horizonte de posibilidades acceder a un terreno. Hoy no hay manera de acceder a un terreno con el salario mínimo. El punto de origen es cómo está distribuida la propiedad.

¿Cómo se encara una política de redistribución?
Evitando la concentración. Cuando un bien es escaso no se puede consentir.

¿Y por qué vía se evita esa concentración?
Por la vía del Estado. Hay que echar mano a todo. Políticas directas e indirectas. Poner topes a la propiedad de tierras urbanas. Hacer que el que supere ese tope desinvierta. Es poner orden. De todas formas, uno no puede aspirar a que este Estado, que desde sus orígenes promueve y garantiza este régimen de propiedad privada, de un día para otro genere una política de planificación de una sociedad igualitaria. Creo que las luchas populares son las que van a inscribir estos cambios. Se trata de un derecho muy básico.

Hay investigadores que señalan que hay que dejar de considerar al Estado como el único actor en este tema y fomentar las cooperativas o asociaciones.
Cuando uno analiza las últimas experiencias de tomas de tierras, desde 2003 en adelante, la salida que se le da al conflicto es la conformación de cooperativas. Hay que pensar si esta es la salida, porque hay diferentes experiencias. Es una manera de canalizar el conflicto, pero no lo soluciona. Las cooperativas son una estrategia de los sectores populares para organizarse, pero cuando se institucionaliza y pasa por el filtro del Estado se burocratizan, y muchas quedan en el camino. Algunas terminan como instrumentos estatales para bajar políticas públicas. Con las cooperativas se suele neutralizar el potencial político que tienen la organización colectiva. De todas formas, hay que referirse al Estado en el sentido ampliado, donde entran en juego diferentes actores, como una arena compleja. Cuando hay un problema con una toma el interlocutor es el Estado y no la clase que monopoliza la tierra.

Es que la mayoría de las tomas se da sobre tierras fiscales.
Pero varía. Se hace todo un trabajo de qué tierra conviene tomar. Muchas veces pueden ser dueños privados pero que hace años están especulando. Eso es una moneda para negociar con el Estado una relocalización. Entonces el Estado actúa como una agencia inmobiliaria y relocaliza. También hay que decir que son muchos los sectores que toman tierras. Siempre se visibiliza la toma de sectores populares y no de las costas de los ríos o de grandes extensiones de tierras productivas para barrios privados. Existe  una especie de doble vara que mide de una manera el delito en un sector y no lo mide o lo invisibiliza en el otro.

¿Cuál es el mecanismo más sencillo para lotear tierra pública?
Las políticas de bancos de tierras y loteos sociales se vienen dando desde hace tiempo. En general terminan suspeditándose a la lógica del propio gobierno local, atravesada por la política. Para pensar una salida es necesario construir espacios políticos en donde el Estado sea una especie de coordinador de las propuestas y de las posibilidades que los propios actores sociales planteen. El Estado no tiene por qué ser el administrador de la tierra urbana. Son los propios actores sociales, que están en desigualdad de condiciones, los que tienen que tener espacio en la construcción de una política pública sobre el acceso a la tierra. Hay que construir una visión igualitaria de la ciudad, en la que todos tengamos acceso a la tierra. Para eso tenemos que visibilizar el problema. Entre 2003 y 2009 la calidad del material en las viviendas urbanas mejoró un 2%. La calidad de las instalaciones un 4%. En 2003 faltaban 772 mil viviendas y ahora 663 mil. El déficit habitacional sigue siendo muy grande para un gobierno que sostuvo una situación económica estable. Sólo desde el discurso oficial pensamos que estamos mejor, pero en política de vivienda esta variación es muy poca.

En este contexto, ¿cómo ve la situación en la región?
Hasta el año pasado era muy claro, sobre todo en Río Negro, cómo los conflictos entre el gobierno nacional, provincial y local servían para que brotaran los conflictos de tierras. Las fisuras y la falta de una política coordinada y acordada genera un espacio en el que nadie da respuestas y los sectores urbanos se autourbanizan. En otras provincias en donde había un fuerte alineamiento con el gobierno nacional, la llegada del Plan Federal tuvo otro impacto, como en Jujuy. Durante el neoliberalismo se dejaron de realizar planes de vivienda. Los institutos provinciales se convirtieron en lugares donde iban a parar fondos y nadie sabía bien a dónde se destinaban. Hoy Neuquén y Río Negro están alineadas al gobierno nacional y uno podría pensar que esto les permitirá encarar políticas habitacionales, aunque esto no está demasiado claro.

Más allá de las tomas, ¿cómo ve el tema del acceso a la vivienda en las clases medias?
El problema de la clase media es lo que viene a amortiguar el conflicto entre los sectores desposeídos y los que concentran la propiedad. Cuando eso se tensiona, cuando la clase media dice que no puede pagar el alquiler, se intenta desde Nación habilitar créditos hipotecarios. Ahora se está relanzando una política que es más bien para la clase media alta.

Son planes que fracasaron. Llegaron a muy pocas personas.
Es que volvemos a lo mismo. La política es dispersar, no solucionar. Es ir acortando individualmente esos problemas, para que no haya una organización colectiva. Hasta hace un tiempo las políticas estaban orientandas a la compra del inmueble usado. Eso es para las personas que viven en Buenos Aires, donde no hay tierras. Mucha gente solucionó sus problemas y ahora está endeudada. Ahora, desde el Hipotecario, se larga como un plan que intenta fomentar la construcción, orientada a ciudades medianas, alejadas de los conglomerados. Esas políticas dan por hecho la propiedad del terreno. Siguen siendo políticas que no están coordinadas, que dispersan el problema habitacional.

 

Fuente: La Manaña Neuquén

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