22 de mayo del 2012
A lo largo de 2011, la cifra de ejecuciones hipotecarias recogidas en los juzgados del territorio histórico fue de 238
Miembros de la plataforma Stop Desahucios se concentraron ayer en Irun para tratar de evitar que un joven de la localidad pierda su vivienda. Foto: Ainara García.
La cara más amarga de la crisis tiene aspecto de desahucio. Perder la vivienda en la que se ha residido durante años y por la que se ha peleado duramente ante las entidades financieras representa un punto de inflexión vital para todas las familias que lo padecen. Y sucede más a menudo de lo que pudiera parecer. Actualmente, Álava se ubica en la franja media de la CAV al presentar mejores cifras que Bizkaia pero peores que Gipuzkoa. Cada día, se registran de media entre dos y tres casos de amenaza de desahucio en el territorio, aunque es necesario precisar que los desenlaces trágicos sólo ocurren en contadas ocasiones. Cuando los ingresos dejan de llegar a los hogares y los impagos hipotecarios ahogan financieramente a las familias, se recurre a la vía de la negociación y suelen pactarse soluciones consensuadas para impedir que los afectados acaben, literalmente, en la calle.
La cifra la facilita la plataforma recientemente creada Stop Desahucios Álava, asociación que ayuda y acompaña a las familias en el vía crucis de la negociación para evitar perder su hogar. Los últimos datos oficiales ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial vienen a corroborar lo dramático de esta situación, que durante el año 2008, durante la primera etapa del estallido de la crisis y del desplome de la burbuja inmobiliaria, se saldó con 272 lanzamientos judiciales en Álava. La cifra decreció ligeramente a lo largo del siguiente ejercicio hasta situarse en 252, pero en 2010 la situación se desbocó y el número de órdenes dictadas por los jueces para vaciar pisos cuyos ocupantes no podían seguir haciendo frente a las hipotecas se disparó hasta las 421 en el territorio.
Los datos oficiales sólo están actualizados hasta finales de 2011, con lo cual faltan por conocerse los correspondientes al primer trimestre de 2012. Entre enero y marzo del año pasado, se contabilizaron 131 casos, mientras que entre abril y junio la cifra fue aumentando y se detuvo en 144 lanzamientos judiciales. El periodo de tiempo comprendido entre julio y septiembre resultó más apacible, con sólo 85 nuevas órdenes de desahucio. El último trimestre del año resultó un auténtico desastre, con nada menos que 220 casos. El ejercicio se cerró, por tanto, con un negro balance de 580 órdenes judiciales.
EJECUCIONES HIPOTECARIAS
La evolución del número de ejecuciones hipotecarias entregadas en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción ayudan a comprender la dimensión de este fenómeno en expansión. En 2007, justo antes del desembarco de la recesión, Álava únicamente registró 96 de estos procedimientos. Al año siguiente, en pleno desmoronamiento del ladrillo, su número se disparó a 192 y durante 2009, en plena vorágine de expedientes de regulación de empleo, se elevaron a 292. A lo largo del siguiente ejercicio la situación se recondujo levemente y la cifra se redujo a 221. En 2011, la tendencia volvió a ser negativa para los intereses de los hipotecados y creció muy levemente, hasta alcanzar los 238 casos.
Atendiendo a la comunidad autónoma en su conjunto, la gráfica de lanzamientos judiciales dictados por el Tribunal Superior de Justicia del País vasco resulta escalofriante. En 2008, la CAV contabilizó 1.209 casos, 1.297 en 2009 y 1.963 en 2010. 2011 resultó aún más sobrecogedor, con 2.242 lanzamientos. Más de seis órdenes de desahucio emitidas cada día.
VIVIENDA PROTEGIDA
Pero el fenómeno no afecta exclusivamente a quienes se lanzaron a la adquisición de una vivienda en el mercado libre. También los adjudicatarios de pisos protegidos han acusado los embates de la crisis y se ven en serias dificultades. A lo largo de 2011, un total de 21 alaveses fueron desalojados de este tipo de domicilios por el impago de la hipoteca, una cifra que contrasta con los apenas cinco casos registrados en Bizkaia y, sobre todo, con el hecho de que en Gipuzkoa ni un propietario de VPO fuera desahuciado durante el año pasado. La abundancia de esta modalidad de vivienda en Álava explica en parte unos datos en los que, según el Departamento vasco de Vivienda, el Gobierno no tiene nada que ver al no ser parte en el procedimiento. Aunque Lakua tiene derecho a ejercer el derecho de tanteo en la subasta de estos pisos, no lo llegó a ejercer a lo largo de 2011.
Fuente: Noticias de Alava
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