07 de mayo del 2012
Durante este lunes y martes tiene lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados.
Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentaron informes ante los miembros del mencionado Comité.
En el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años.
Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasión para presentar dos informes alternativos sobre la situación de los derechos sociales en España y han expuesto en persona sus preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.
Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados.
Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España, “vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo”.
Por su parte, Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que “Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada”.
Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales impulsados por el gobierno suponen “una vulneración del principio de no regresividad”, y señala “la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social”.
Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.
Preocupaciones de las ONG
Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección.
Frente a esta realidad, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.
En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.
Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.
Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, el colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminación por motivos de género y edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, la vivienda.
Una discriminación que, según la AEDIDH, se debe a dos factores: por un lado, “las víctimas carecen de información sobre las vías para obtener reparación y se enfrentan a numerosos obstáculos en el acceso a la justicia”; por otro, “no existe una política sistemática de recolección y seguimiento de datos sobre discriminación, a pesar de la importancia fundamental que estas herramientas tienen para combatir la discriminación”.
Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales), y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.
Fuente: La Información
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