08 de mayo de 2012
La Sindicatura de Greuges ha instado a las administraciones públicas a garantizar «el derecho a una vivienda digna», para lo que pide que adopten las «medidas precisas para ofrecer una solución efectiva a los demandantes de vivienda de promoción pública».
El Informe Anual de la Sindicatura del año 2011 apunta que el acceso y el disfrute de una vivienda digna continúa siendo una de las reclamaciones básicas que, con mayor frecuencia, le han trasladado los ciudadanos, que han visto agravada su situación por la actual crisis económica.
«La profundidad y persistencia de la crisis económica que seguimos padeciendo ha provocado un agravamiento de las dificultades de las personas para poder acceder a una vivienda digna», señala y apunta las dificultades de la gente sin trabajo para pagar su hipoteca.
La Generalitat y los ayuntamientos valenciano, defiende, deben seguir trabajando para «hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada mediante la articulación de políticas de integración e inclusión social que contemplen la accesibilidad a la vivienda».
Así, aunque reconoce que la crisis económica también ha afectado a los poderes públicos, que han visto reducidos sus ingresos, insiste en que no pueden obviar que el derecho a una vivienda digna viene reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, lo que obliga a tenerlo como uno de los «ámbitos de actuación preferente».
Los retrasos en el abono de las ayudas destinas a la vivienda también han centrado parte de las quejas remitidas a la Sindicatura, que considera que la falta de liquidez de la Administración no puede utilizarse como excusa y por lo tanto la insta a adoptar las medidas precisas para proceder al «pronto pago» de las subvenciones.
Las quejas recibidas por la Sindicatura también alertan de algunas urbanizaciones se han quedado sin agua potable, alumbrado público, alcantarillado y pavimentación de las vías públicas porque ayuntamientos y constructores se han quedado sin liquidez para hacer frente a estas obras.
Este hecho, advierten, supone un «perjuicio» para el interés público y para las personas que han adquirido una vivienda «que no pueden ocupar ni disfrutar por carecer de los servicios necesarios para obtener la licencia de primera ocupación.
Este organismo consultivo insiste también en la importancia de «garantizar la legitimación democrática de los planes urbanísticos y evaluaciones de impacto ambiental para asegurar no sólo la legalidad del proyecto, sino también la oportunidad y acierto del mismo, así como facilitar su posterior ejecución».
En este sentido, ha recomendado a diversos ayuntamientos realizar tantas consultas públicas como sean necesarias para alcanzar una mayor legitimidad de los instrumentos de ordenación del territorio.
Este año también han detectado un aumento de quejas presentadas por aquellos a los que les han abierto un expediente sancionador por infracciones urbanísticas, lo que a su juicio se debe la crisis económica «ha incrementado la necesidad municipal de obtener ingresos públicos mediante la tramitación de una mayor cantidad de procedimientos sancionadores».
Al respecto la Sindicatura sigue recomendando que se respeten las garantías procedimentales del presunto infractor y que se evite la tramitación de aquellos procedimientos caducados o de infracciones prescritas por el transcurso de mas de 4 años desde la total terminación de las obras.
Fuente: ABC.es
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