03 de mayo del 2012
«Incluso una persona a la que estén a punto de desahuciar puede acudir al servicio de mediación, bien para que se intente negociar que su banco le deje un alquiler social o para otra solución. Yo invitaría a todo el mundo, aunque sean casos extremos, a que acudan a la mediación», aconsejó Marta Uriarte, de Stopdesahucios Bizkaia.
La portavoz de la plataforma que diariamente defiende el derecho a conservar su vivienda de las personas más castigadas por la crisis añade que es probable que el plan del Gobierno vasco haya llegado tarde para algunas personas. «En el caso de que ya hayan sido desahuciados y estén en la calle -dice- lo que tendrían que hacer es acudir al Departamento de Vivienda que ya ha incluido entre los baremos para el acceso a VPO y al alquiler social esa situación de desahucios.»
Uriarte insiste en que «la prioridad es que las personas permanezcan en su domicilio», y «ese objetivo pasa por que se reformule la deuda, se haga una quita de intereses… pasa por llegar a un acuerdo con la entidad financiera».
Desde el punto de vista de las entidades financieras, un portavoz de BBK señaló que «aún es pronto» para opinar sobre las bondades del plan del Gobierno vasco, ya que faltan algunas concreciones sobre los requisitos para acceder a cada uno de los servicios públicos ofertados. Y recordó que Kutxabank también va a poner en marcha una iniciativa, que no se enmarcará en la línea de negocio del banco, sino dentro de la Obra Social, para minimizar el impacto de los desahucios.
BUENAS PRÁCTICAS
La vía de la mediación y la negociación con las entidades financieras de las condiciones de los créditos hipotecarios que ahora pone en marcha el Gobierno vasco se suma al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual que impulsó el Ejecutivo español hace unas semanas. Este Código -al que hasta mediados de abril se habían sumado casi 90 entidades- se propone proteger a las familias en riesgo de exclusión social, en concreto, aquellas que tienen todos sus miembros en paro y cuya cuota hipotecaria supere el 60% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar, entre otros criterios. Uno de los requisitos fijados en este Código para la reestructuración crediticia es el importe máximo de la hipoteca, que se ha situado en niveles muy bajos, según los afectados.
Fuente: Deia
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