22 de abril del 2012
Realojados de Penamoa, frente al edificio de A Moura. Foto: Gustavo Rivas.
A nadie cogió por sorpresa. No tenían a donde ir y no se fueron muy lejos. Hicieron lo que antes habían hecho otros expulsados del poblado, ocupar una de las 150 viviendas de la urbanización Finisterre, en A Moura. La mudanza fue tranquila. Como el desalojo. La ausencia policial durante los dos últimos días en el edificio de la avenida de Finisterre les abrió las puertas, lo que puso de uñas a los propietarios y vecinos de la zona, que ven como los días pasan y los que pueden actuar «no mueven un dedo».
Hay en estos momentos alrededor de 40 pisos ocupados en A Moura. La mayoría son expulsados del poblado, aquellos que por haches o por bes no se adhirieron al plan de realojo, y los menos son realojados, esos que reciben o recibieron ayudas al alquiler -el Ayuntamiento les da la mitad de la renta- y que ahora ven que se les acaba la subvención -solo se les echa una mano durante dos años- y dicen no tener como pagar la totalidad de los gastos que supone un piso.
Unos y otros dicen que no se irán, que solo sacarán sus cosas si el Ayuntamiento les promete una ampliación de las ayudas. Pero el gobierno local no está por la labor. Les contesta que si quieren formar parte de planes de formación, todo lo que quieran, pero dinero contante y sonante para hacer frente a la carga familiar, nada de nada.
Proceso judicial
Y mientras todo eso sucede, a esperar. Todos, autoridades, vecinos, compradores y okupas, miran hacia el Juzgado de Instrucción número 2 a la espera de que su titular ordene el desalojo urgente. Fuentes judiciales anuncian que todo «está en camino de solución», pero piden paciencia, que hay que cubrir todos los trámites.
En principio, una vez que el juzgado instructor hace las primeras investigaciones, traslada el expediente a la Fiscalía para que esta solicite abrir diligencias (pida declaraciones, el desalojo cautelar, o pida el archivo de la causa). O directamente presente escrito de acusación, pidiendo el juicio oral. En base a eso, el juez tendrá que decidir si sigue adelante, si ordena el desalojo urgente o sobresee la causa. En caso de que el juez decrete el desalojo cautelar, este deberá ir argumentado. Solo podrá tomar ese camino si existe peligro de derrumbe, riesgo de exclusión… El hecho de que en el edificio haya niños y cada vivienda está ocupada por una familia está frenando el proceso judicial. No es lo mismo ordenar el desalojo de un edificio que el desalojo de cuarenta viviendas, que deberán llevar un proceso individualizado.
Mientras eso ocurre en el edificio de los Nuevos Juzgados, vecinos del Ventorrillo y la policía siguen muy de cerca los movimientos de los cuatro clanes de la droga que operan en las proximidades del desaparecido poblado. Se sabe que uno de ellos se instaló con tiendas de campaña en un campo próximo al Ventorrillo. Ahí trafican y por la noche duermen en el edificio de A Moura.
La preocupación por las ocupaciones llegó al vecino municipio de Arteixo. Ahí andan sus políticos enfrentados. Desde que vecinos de Meicende denunciasen que muchos expulsados de Penamoa intentan alquilar u ocupar casas en la zona provocó el regreso de las viejas rencillas entre el PP y el PSOE. Estos últimos acusan al alcalde de no hacer nada para impedirlo, mientras que Calvelo les recuerda que fueron ellos, cuando llevaban el gobierno local, quienes permitieron la entrada masiva de chabolistas.
Fuente: La voz de Galicia
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