El número de desahucios registrados en Castilla y León durante los seis primeros meses del año alcanzó los 700, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la convierten en una Comunidad “especialmente afectada” por esta realidad. Por ese motivo, desde Amnistía Internacional se reclaman medidas de emergencia ante una situación urgente generada por los procesos de corrupción urbanística.
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